El video no desmiente el caso Ayotzinapa

La única novedad del grupo de expertos internacionales que están colaborando con la FGR en la investigación el caso Ayotzinapa fue la presentación de un video de la Secretaría de Marina, grabado desde uno de los drones de vigilancia con los que cuenta esa institución, donde se ve a un grupo de marinos llegando al basurero de Cocula: bajan unos bultos blancos, encienden en la cima del cerro, donde está el basurero, un fuego pequeño que apagan un poco después. Y horas después llegan a ese lugar los funcionarios de la PGR.

Con ese video ha sido suficiente para que quienes insisten, ahora ya desde el gobierno, en que en septiembre de 2014 se cometió en Iguala un crimen de Estado contra los estudiantes de Ayotzinapa, digan que se confirmaron sus afirmaciones. Lo cierto es que el video de referencia lo único que demuestra es que no se preservó adecuadamente la escena del crimen y que existe información que se ha conservado en algunos archivos oficiales y que no se ha hecho pública. Ambas cosas son condenables, pero el video no muestra ni confirma nada más.

Veamos: en el video se observa a un grupo de marinos llegar al lugar y descargar unos bultos en bolsas blancas. Nadie sabe qué llevaban, mucho menos si son restos humanos. Los restos que aparecieron en el río estaban en bolsas negras. Pero eso es menor. Según la Secretaría del ramo, esos marinos lo que hicieron fue preparar el lugar donde poco después llegarían los funcionarios de la entonces PGR y ese fuego, en una práctica que no es en absoluto poco común, se encendió para que los helicópteros que llegarían pudieran visualizar exactamente el lugar.

Por cierto, el fuego que se encontró en el basurero de Cocula excede en mucho el que refleja ese video, tiene un diámetro de unos 150 metros, se alcanzaron en él altísimas temperaturas, estuvo encendido durante horas y los restos que se encontraron tenían altos grados de calcinación. Pero, además, ese fuego fue encendido un mes antes de que llegaran allí esos marinos. Todo eso fue constado por distintos peritajes, sobre todo el de la UNAM, y el estudio final, con base en ese fuego y los restos encontrados establecen que allí fueron calcinados unos 19 muchachos.

Existe una vertiente más aviesa aún. El jefe de la zona naval y del grupo de tareas Guerrero era el almirante José Rafael Ojeda, el actual secretario de la Marina. Los acusadores dicen que esos marinos pertenecían al grupo de tareas especiales que comandaba un personaje de mucho peso en la historia reciente de esa institución, que fue el jefe de operaciones especiales e inteligencia, el almirante Antonio Ortega Siu, responsable, entre otras tareas, de la detención del Chapo Guzmán y con estrechísimos lazos con las agencias de seguridad estadunidenses. En medio está el exsecretario de la Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.

No se comprende quién ni cómo se entregó ese video ni tampoco cómo la Fiscalía y el grupo de expertos sacaron conclusiones tan terminantes sobre lo que supuestamente mostraba el mismo. Hay quienes sostienen que, en realidad, es un golpe a los altos mandos de la Marina, incluyendo el actual almirante secretario Ojeda. Ya veremos.

La tesis que sostuvieron quienes ahora hacen esas acusaciones siempre fue que se trató de una maniobra militar. Como hemos documentado muchas veces, no hay una sola prueba de participación del Ejército en esos hechos (y tampoco de la Marina) en la jornada del 26 y 27 de septiembre.

De lo que sobran pruebas es de la participan de las policías de Iguala y Cocula, trabajando para los grupos criminales de Guerreros Unidos, para quien trabajaban también el presidente municipal y su esposa, hermana, además, de los cuatro principales líderes de ese grupo criminal. Tan fue así, que en un error inadmisible, la actual Fiscalía especializada convirtió a los principales sicarios de ese grupo criminal en testigos protegidos. Y dejó en libertad a todos los que se reconocían como autores materiales de ese crimen.

Lo que está comprobado es que los jóvenes fueron retenidos porque se pensaba que su movilización era parte de un ajuste de cuentas entre Los Rojos y Guerreros Unidos. Ese ataque, efectivamente, se dio poco antes de que comenzara la detención de los jóvenes, casi todos ignorantes de ese hecho y de primer ingreso en la Normal. Está comprobado que sólo tres de los jóvenes que formaban ese contingente tenían relación con Los Rojos. Fueron detenidos por las policías municipales y entregados a los sicarios de Guerreros Unidos. Allí, por lo menos un grupo de 19 de ellos murieron en el basurero de Cocula. De los demás no ha habido noticias.

En la detención y desaparición de los jóvenes no hay rastro alguno de participación del Ejército o de la Marina, tampoco de la entonces Policía Federal y, por el contrario, está comprobada la entrega a los policías municipales y de estos a los sicarios. Además, en la forma más explícita y evidente posible, eso se sabe y conoce por las grabaciones de la DEA de las conversaciones entre los líderes de Guerreros Unidos, que se han hecho públicas.

El video presentado exhibe irregularidades, mala preservación del lugar y que hay información que no se dio a conocer. Nada más. Ninguna de las tesis principales de la investigación que se ha desarrollado durante años y que excede a la llamada verdad histórica es desmentida por este video. Salvo, claro está, que estemos ante otro ajuste de cuentas interno dentro del propio gobierno y ahora en sus áreas más sensibles.