Comisión Ayotzinapa: la hora de la verdad

                Para mi hijo Jorge, siempre en el corazón.

“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”, decía Albert Einstein y en el caso Ayotzinapa los prejuicios y la manipulación son los que impiden y obstaculizan mostrar la verdadera historia de lo sucedido.

Ayer se integró la comisión que investigará, una vez más, lo sucedido con los jóvenes de la normal rural el 26 y 27 de septiembre de 2014. Quienes manejan y se dicen familiares de las víctimas, muchos no lo son, llegan a la comisión con una agenda en la cual sus objetivos son el Estado y el Ejército mexicano, aunque no tengan un solo elemento, una sola prueba para refrendar esa posición y, por el contrario, desechan investigaciones serias que quizás no dan todas las respuestas sobre lo sucedido, pero sí el hilo conductor de lo que ocurrió esa noche. La más reciente, el miércoles pasado, el resultado de la recomendación que dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En septiembre pasado presentamos el libro La noche de Iguala (Cal y Arena, 2018), una de las investigaciones más minuciosas que se han realizado sobre los hechos de Iguala, acompañado de un profundo diagnóstico del funcionamiento del narcotráfico en Guerrero y sus relaciones con el mundo político e incluso las organizaciones sociales y armadas.

Allí decíamos que, a cuatro años de los hechos de Ayotzinapa, son muchas las cosas que ocurrieron esa noche que todavía faltan por esclarecer. Algunas de ellas probablemente nunca las sabremos. Pero sí sabemos, como lo refrenda la CNDH en su recomendación, lo que sí sucedió.

Por supuesto que el gobierno y el Estado mexicano se equivocaron en muchas cosas, una de ellas en no haber hecho responsables en forma inmediata al entonces gobernador Ángel Aguirre y al círculo político del presidente municipal José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, hermana de los líderes de los Guerreros Unidos y una de las principales cabezas de esa organización criminal, ella misma cercanísima, además, al gobernador Aguirre.

Éstas son algunas de las conclusiones de nuestra investigación independiente que publicamos en La noche de Iguala.

“Los jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales, entregados por éstos a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Fueron asesinados y la mayoría de ellos (entre 17 y 19 seguramente) incinerados en el basurero de Cocula. Las cenizas arrojadas al río San Juan. Los narcotraficantes pensaban que los jóvenes eran parte de un ataque del cártel de Los Rojos contra su plaza. Las autoridades de Iguala, Cocula y otros municipios estaban coludidas con el narcotráfico. La gran mayoría de los jóvenes asesinados, de primer ingreso, fueron sacrificados sin siquiera saber por qué perdían la vida.

“El exterminio de los jóvenes no fue diferente a la forma en que han actuado esos grupos criminales antes y después de la noche de Iguala, el 26 de septiembre del 2014. No existe una sola prueba en contrario que niegue esta sucesión de hechos. Las versiones de que el responsable del crimen fue ‘el Estado’ no tienen fundamento alguno. Las razones esgrimidas para responsabilizar a los grupos criminales que controlan el comercio de heroína en la entidad y que se disputan el territorio no sólo son verosímiles, sino verídicas. Los asesinos materiales e intelectuales han reconocido su crimen, la forma y las circunstancias en que se cometió.

“Las acusaciones de que pudo ejercerse la tortura sobre alguno de los detenidos no invalida la declaración de los propios sicarios, que en las grabaciones e imágenes que hemos divulgado no muestran signo alguno de tortura. Los testimonios de todos los sicarios involucrados coinciden casi plenamente. El asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa es uno de los eventos más crueles que hemos sufrido, consecuencia de una década de violencia del narcotráfico, que ha generado decenas de miles de víctimas.

“No fue un crimen político, fue la consecuencia de la corrupción, la violencia y la impunidad con que actúan las fuerzas del crimen organizado y de su complicidad con autoridades municipales y estatales. Alegar que fue ‘el Estado’ el responsable de esos crímenes injustificables es una forma de asumirse como cómplice de los criminales, otorgarles una coartada para quedar impunes y alejar, cada día más, la posibilidad de hacer justicia. Una justicia que esos jóvenes sacrificados por el crimen merecen y que no se les puede negar”.

Ese hilo conductor es el mismo que esgrime la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es el que se debe seguir para cerrar el proceso, incluyendo la situación de los cerca de veinte jóvenes que no habrían sido incinerados en Cocula. Una incineración que, hay que decirlo, no comenzó a ser investigada, como dice el informe de la CNDH, por una llamada telefónica anónima, sino por las declaraciones del padre Alejandro Solalinde, quien fue alertado de ello por pobladores de la zona, pocos días después del secuestro de los jóvenes.

El presidente López Obrador adquirió el compromiso de crear la comisión para investigar el tema con los familiares y sus representantes, pero su compromiso mayor, por su investidura, es con la verdad.