Ayotzinapa: ¿grilla interna o investigación?

                Nada hay más injusto que

                buscar premio en la justicia.

                Cicerón

Dice Alejandro Encinas, el experimentado subsecretario de Gobernación, que en el caso Ayotzinapa se comenzará de cero. Es un sinsentido que se alinea perfectamente bien con la lógica de un grupo que quiere aniquilar lo que ya se ha investigado durante todos estos años, porque no concuerda con el resultado que ellos quieren obtener de esas investigaciones. Son los que creen (según el diccionario: “considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma”) que los jóvenes fueron secuestrados y desaparecidos por el Estado y que dentro del Estado los responsables son los militares.

Esta insistencia de comenzar de cero y de volver a responsabilizar al Ejército cuando está plenamente comprobado que no tuvieron responsabilidad alguna en los hechos, parece ser más parte de la grilla interna (esa que, según López Obrador, lo tiene “hasta el copete”) que una decisión de Estado. Decir que los militares son los culpables de lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando se sabe perfectamente que no es así, es acusar a buena parte de la actual cúpula del Ejército mexicano, esos generales que el presidente López Obrador designó y a los que les ha dado su confianza y enormes responsabilidades. Es también una forma, ya está ocurriendo, de dejar en libertad a los verdaderos responsables de ese crimen.

No se puede empezar de cero porque no se pueden ignorar los hechos, los datos duros, de la investigación. Se pueden tener diferentes opiniones sobre los hechos, pero no se pueden tener hechos diferentes. Los datos alternativos están muy bien para Donald Trump, pero no tendrían que tener espacio en nuestro sistema de justicia.

Pero, además, porque ya sabemos, en grandes líneas, lo sucedido. En noviembre pasado publiqué el libro La Noche de Iguala. Secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero (Cal y Arena), utilizando fuentes mexicanas y estadunidenses, públicas y de inteligencia, haciendo una reconstrucción minuciosa no sólo de los sucedido esa noche, sino también de la investigación realizada y del contexto criminal en que se dieron los hechos.

Sabemos que en Cocula se incineraron por lo menos 19 cuerpos y que dos de ellos han sido identificados en los laboratorios de Innsbruck, uno totalmente y el otro parcialmente. Sabemos quiénes participaron y por qué, incluso de la confusión fatal que movió al grupo criminal de Guerreros Unidos y a las autoridades de Iguala.

Sabemos de la complicidad de las autoridades locales con los criminales, y también de la relación de líderes de los estudiantes con otro grupo criminal Los Rojos. Tenemos las conversaciones interceptadas en Estados Unidos entre los líderes de Guerreros Unidos con sus sicarios esa noche.

En el epílogo de aquel libro escribimos que: “Los jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales, entregados por éstos a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Fueron asesinados y la mayoría de ellos incinerados en el basurero de Cocula. Las cenizas arrojadas al río San Juan. Los narcotraficantes pensaban que los jóvenes eran parte de un ataque del cártel de Los Rojos contra su plaza. Las autoridades de Iguala, Cocula y otros municipios estaban coludidas con el narcotráfico. También algunas autoridades estatales, así como algunos estudiantes y dirigentes de la propia normal. La gran mayoría de los jóvenes asesinados, de primer ingreso, fueron sacrificados sin siquiera saber por qué perdían la vida. El exterminio de los jóvenes no fue diferente a la forma en que han actuado esos grupos criminales antes y después de la noche de Iguala, el 26 de septiembre de 2014.

“No existe una sola prueba en contrario que niegue esta sucesión de hechos. Las versiones de que el responsable del crimen fue ‘el Estado’ no tienen fundamento alguno. Las razones esgrimidas para responsabilizar a los grupos criminales que controlan el comercio de heroína en la entidad y que se disputan el territorio no sólo son verosímiles, sino verídicas. Los asesinos materiales e intelectuales han reconocido su crimen, la forma y las circunstancias en que se cometió. Las acusaciones de que pudo ejercerse la tortura sobre alguno de los detenidos no invalida la declaración de los propios sicarios, que en las grabaciones e imágenes que hemos divulgado no muestran signo alguno de tortura. Los testimonios de todos los sicarios involucrados coinciden casi plenamente.

“El asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa es uno de los eventos más crueles que hemos sufrido, consecuencia de una década de violencia del narcotráfico, que ha generado decenas de miles de víctimas. No fue un crimen político, fue la consecuencia de la corrupción, la violencia y la impunidad con que actúan las fuerzas del crimen organizado y de su complicidad con autoridades municipales y estatales. Alegar que fue ‘el Estado’ el responsable de esos crímenes injustificables es una forma de asumirse como cómplice de los criminales, otorgarles una coartada para quedar impunes y alejar, cada día más, la posibilidad de hacer justicia. Una justicia que esos jóvenes sacrificados por el crimen merecen y que no se les puede negar”.

No se comienza de cero.