Mientras el gobierno federal ya no sabe qué distracción buscar, desde Isabel Díaz Ayuso y Hernán Cortés hasta Maru Campos y la CIA, lo cierto es que lo que tiene en una situación de profundo nerviosismo a Morena y el gobierno es la anunciada escalada de Estados Unidos, luego de que esta semana se confirmaran los términos de las estrategias contra el narcotráfico y el terrorismo, sumado a las explícitas declaraciones del presidente Trump y del fiscal interino de la Unión Americana, Todd Blanche, en el sentido de que continuarán las denuncias y las órdenes de aprehensión contra funcionarios y políticos relacionados con lo que denominan, no sin razón, cárteles narcoterroristas.
Hoy, la duda no es si habrá nuevas acusaciones y pedidos de detención, sino cuándo se expedirán y contra quiénes, al tiempo que se han detonado ya muchas otras medidas de presión, desde la cancelación de visas hasta las solicitudes de información financiera y los bloqueos de cuentas.
Hay versiones de que, por ejemplo, Estados Unidos retrasaría el plácet para el nuevo embajador designado en Washington, Roberto Lazzeri, hasta que no se detenga con fines de extradición a Rubén Rocha y a otros acusados, a los que se sumarían, tan pronto como la próxima semana, nuevas solicitudes de detención. Dicen que Moctezuma se tendrá que quedar un tiempo más en Washington, salvo que se deje operando la embajada a Juan Carlos Lara, un eficiente jefe de la cancillería en Washington. Otra operadora del gobierno federal es Diana Alarcón, la representante de México ante el Banco Mundial. Contra lo que se piensa en muchos círculos en México, en el Departamento de Estado y, en lo particular, en el entorno de Marco Rubio, consideran que tienen una muy buena relación con el embajador Moctezuma.
En la lista de las próximas acusaciones se encontrarían el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que estaría por dejar esa posición, relacionado con su paso por la presidencia de Morena y los comicios de 2021 y 2024, pero, sobre todo, con el caso Carmona y su relación con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Hay acusaciones relacionadas directamente con el gobernador, que fue el representants de Morena en las elecciones de 2021 en Sinaloa. En este tema se cruzan los vínculos con el Cártel de Sinaloa y con la trama para el contrabando de combustible que se operó y opera desde Tamaulipas y otras entidades del país. En esa misma lista aparece el general retirado Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia.
Y por las mismas causas estarían el senador Adán Augusto López, ligado, a su vez, con Hernán Bermúdez Requena y el cártel de La Barredora (por cierto, muy extraño el incendio, sin causa justificada, de la Feria de Tabasco que dejó cinco muertos). Siguiendo con la vertiente política, hay otros dos gobernadores enlistados: Marina del Pilar Ávila, de Baja California, así como su exesposo, Carlos Torres, y el mandatario de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Pero, además, están los hijos. Los de Américo Villarreal, sobre todo Humberto, por su relación con Carmona, pero también por haber enviado millones de dólares a la campaña de Rocha en 2021. El otro hijo, Américo, además de denuncias de su exesposa por violencia vicaria, también tiene acusaciones en su contra. Se acaba de casar en una boda millonaria realizada en Hidalgo con la senadora de Morena Cecilia Guadiana, hija del fallecido empresario y también dirigente de Morena, Armando Guadiana. Está operando de lleno, junto con Andy López Beltrán, en las elecciones locales del 7 de junio en Coahuila. Los hijos de Américo están relacionados en negocios con los cuatro hijos de Rocha Moya, incluso un informe de la DEA sostiene que los hijos del mandatario habrían recibido 10 millones de dólares entregados por René Bastidas Mercado, identificado como El Doble Cero, jefe de plaza de Los Chapitos en el municipio de Elota. Se asegura que existe, incluso, un video que muestra la entrega del dinero.
Y, a su vez, los hijos de Américo y de Rocha, sobre todo estos últimos, están muy relacionados con los hijos del expresidente López Obrador, José Ramón, Andy y Gonzalo. Según las mismas fuentes, el nexo de negocios en el estado entre todos sería el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz. Ayer, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ahonda en estas tramas y en otros negocios en un informe muy detallado.
Mientras tanto, el senador Enrique Inzunza sigue sin aparecer, lo mismo que el exgobernador Rocha, que, a diferencia del senador, sí ha pedido licencia. Dicen en Sinaloa que el gobernador le ha dicho a sus allegados que será sólo por 30 días, que será investigado, exonerado y que regresará a su posición, lo que parece hoy un sueño guajiro, pero en los tiempos de la 4T todo es posible.
CUBA
Las sanciones que anunció ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, contra Cuba pegan en el corazón del régimen. Lo que queda, más bien muy poco, del sistema económico cubano depende del muy corrupto ente militar Gaesa, que ha sido sancionado, así como su directora, Ania Lastres Morera, y la empresa estatal productora de niquel. Quedan embargadas sus cuentas, las de sus socios y de todos los que hagan negocios con ellos. México mantiene estrechas relaciones, sobre todo, con el ente militar Gaesa, que administra y controla más de 40% de los negocios en la isla. Se asegura que Gaesa tiene fondos, fuera de Cuba, por unos 20 mil millones de dólares. Se cierra dramáticamente el círculo.