Qué hacemos con los vacunados

En México conocemos casos de poblaciones de estados que no acuden a vacunarse.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, posteó en redes que condicionar o exigir el estar vacunado para permanecer en un trabajo o ser contratado, viola derechos humanos. Sin duda tiene un punto, pero desvela un problema mayor a nivel mundial y una creciente ola de discriminación de ciudadanos de otros países por el tipo de vacunas con las que lograron inocularse.

Digo que tiene un punto, porque en un primer análisis el tema podría convertirse en una colisión de derechos entre aquellos que deciden no vacunarse y los que podrían exigir a sus empresas y al Estado garantizar su derecho a la salud, lo que incluye demandar a sus empleadores si, ya estando vacunados, se contagian dentro de los centros laborales.

Los escenarios son desafiantes para las empresas y un reto tanto para Alcalde Luján, como para la Secretaría de Salud, en virtud de que urge normar criterios para lo que ahora se suele llamar en Estados Unidos la “nueva provisionalidad”. 

En México penosamente conocemos casos de poblaciones de estados que no acuden a vacunarse, como en Chiapas, pese a los llamados del gobierno federal.

Francia, por ejemplo, recurrió a una estrategia eficaz para aumentar los porcentajes de vacunación y que armonizaría el tema de los derechos humanos.

Emmanuel Macron estableció que si las personas querían asistir a espacios de convivencia como restaurantes o eventos públicos, deberían mostrar certificado de vacunación o una prueba PCR.

El condicionamiento de la prueba fue estímulo suficiente para que los porcentajes de vacunación aumentaran.

En Estados Unidos, en donde tampoco es obligatoria la vacunación, la compañía financiera Morgan Stanley, emitió una circular en junio en la que notificaba que a partir del 12 de julio empleados, clientes y visitantes deberían manifestar si han sido o no vacunados para poder acceder a sus oficinas en Nueva York. Este acto, que se basaría en un principio de confianza y buena voluntad, le permitiría levantar restricciones internas como el uso de cubrebocas y el distanciamiento.

El Financial Times y el New York Times dieron cuenta de dicho memorándum que causó controversia. Pero de acuerdo con las mismas fuentes, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo estableció que las compañías pueden ordenar a sus empleados vacunarse si quieren regresar a las oficinas.

Desde febrero pasado, la Cámara Estadunidense de Comercio pidió formalmente a dicha Comisión una guía o recomendación, en el sentido de si era posible y legal el poder incentivar a sus empleados a vacunarse.

En la carta dirigida a Charlotte A. Burrows, titular de la Comisión, los empresarios advertían de un vacío legal respecto de si era posible otorgar algún beneficio a sus empleados a vacunarse, aún cuando esto implicara paralelamente un apoyo a la política de vacunación.

Y reconocían que la incertidumbre frenaba la acción de las empresas, por lo que urgían lineamientos al respecto. Ante ello, la Comisión emitió una opinión en el sentido de que las compañías podían demandar a sus empleados vacunarse como un requisito para regresar a las oficinas.

Sin embargo, a la incertidumbre se sumó la opinión de expertos que advertían que las vacunas, al ser aprobadas para uso de emergencia, no permitían en ese momento conocer al ciento por ciento su grado de efectividad.

Esa discusión ha hecho que las compañías norteamericanas aún debatan regresos totales y han adoptado esquemas mixtos como el trabajo a distancia combinado con el presencial y hasta la rotación de las plantillas laborales.

En otras cosas, cada vez hay mayores señales de que el gobierno perdió la batalla frente a la violencia de la delincuencia organizada. No podemos perder el país. Esto no es un juego de beisbol.

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