La verdad no importa

Todas las personas en México gozamos de un derecho que protegen nuestra Constitución y los tratados internacionales y que no está bajo la voluntad de una persona; se llama Derecho a la Verdad. La corrupción es un abuso de poder que nos afecta, al igual que la simulación en su erradicación.

El destino de un país como el nuestro es el bien mayor que ningún pueblo le entrega en sus manos a una sola persona —aunque ésta crea que es así—, sino a un conjunto de instituciones y poderes que, actuando en contrapeso, logran la prosperidad, el bienestar, la democracia y la protección colectiva de sus intereses, entre ellos su seguridad y la no corrupción.

Por ello, el caso de la detención del exdirector de Pemex por supuestos delitos de corrupción y el manejo que desde las más altas autoridades se da manda señales de simulación.

Primero, su uso electoral hace que este gobierno se asemeje al pasado. El caso Ayotzinapa fue un claro ejemplo de que, inicialmente, se evitó la intervención federal para dejar que el partido en el gobierno de Guerrero cargara con el costo electoral. Después, la crisis alcanzó dimensiones mundiales y fue el sino de Peña Nieto.

Segundo, realmente el acabar con la corrupción no es el propósito final, porque es la Presidencia la que le está sacando la mayor rentabilidad política a este caso, en lugar de dejarlo en manos de las instituciones para que se procese judicialmente.

La circunstancia es grave. Si el fiscal general de la República se presentara en la conferencia presidencial a validar la existencia de un video filtrado en redes o accediera a la petición de hacer público parte del expediente debería ser sujeto de responsabilidad, como lo establece el marco legal que lo dota de autonomía.

Pero centrémonos en la petición que hace el Presidente de hacer pública la carpeta de investigación que contiene las pruebas de corrupción, sin importar si se viola el debido proceso, tal y como lo dijo, justificando que debía privilegiarse la transparencia.

No es lo mismo saber quién probablemente fue, que determinar si fue el responsable y que los jueces lo juzguen. En el primer escenario hay justicia denegada para los mexicanos.

La transparencia que menciona se aplica a toda la fase del Sistema de Justicia. Pero es en los juzgados donde se produce, no en las mañaneras. Principio de máxima publicidad es la divisa del sistema.

Lo que en los hechos hace es menospreciar a las instituciones. No les adjudica ningún valor ni utilidad, es decir, hacer justicia no importa, sino exhibir.

Si no importa invalidar un juicio por corromper las pruebas y el proceso, entonces o no es el caso tan importante ni lo que el acusado-testigo beneficiado sabe es tan relevante como para anularlo o tampoco es la vía para investigar a expresidentes.

Si ése es el concepto de justicia que el Presidente concibe, el país tiene problemas. Y más cuando escuchamos que se alude a una consulta “ciudadana” para decidir si se les investiga o no. Eso es inconstitucional e inconvencional.

Si una persona exfuncionaria pública cometió un delito, debe ser llevada a juicio por la vía institucional, punto.

Si se hace fácil violar el debido proceso se hace fácil violar derechos humanos, porque es lo mismo.

Veamos cuál es el objetivo del Código Nacional de Procedimientos Penales en contraste a los llamados de Palacio:

“…el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia…”.

Existe queja de que no se difundió el video filtrado anónimamente. Pero al exhibirse en la mañanera se materializó el artículo 97 del Código: cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano Jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento.

Sin embargo, el gobierno juega a dos manos. Con una, revela decisiones que sólo la Fiscalía General debe saber poniendo en duda su autonomía. Con la otra, en el plano internacional, dice otra cosa.

En su reporte al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción asegura que la Fiscalía General es una “institución que, gracias a la decidida voluntad transformadora del presidente Andrés Manuel López Obrador, concretó su autonomía constitucional para el cumplimiento de sus funciones”.

El Derecho a la Verdad no es negociable.