El Judicial es prescindible; no, responde Trump

El reciente aniversario de la Constitución estuvo marcado por una decisión que ha generado amplias críticas: la exclusión del Poder Judicial federal de la ceremonia oficial. Esta omisión no fue un descuido, sino un mensaje político claro por parte del Ejecutivo y del Legislativo: en la nueva configuración institucional del país, el Judicial es prescindible. Tal postura cuestiona la autonomía de los Poderes y compromete la estabilidad democrática de México, pues debilita los pesos y contrapesos esenciales de la República.

Mientras el gobierno federal avanza con su reforma judicial, los efectos económicos de estas políticas comienzan a manifestarse. Instituciones financieras, como Banamex, han reducido sus pronósticos de crecimiento para 2025, previendo un escenario de desaceleración e incertidumbre. Las advertencias no provienen únicamente del sector financiero nacional; empresarios estadunidenses han expresado su inquietud ante el deterioro del marco constitucional y la inseguridad jurídica para la inversión extranjera, lo que podría desincentivar la llegada de capitales clave para el desarrollo económico del país.

En este contexto, Estados Unidos ha intensificado la presión sobre México en la revisión del T-MEC, argumentando que la reforma judicial, en particular la elección popular de jueces, afecta la certidumbre jurídica y la estabilidad para las inversiones estadunidenses. La Casa Blanca ya ha advertido sobre la posibilidad de imponer nuevos aranceles a productos específicos, lo que supondría un golpe económico significativo.

En este escenario, el empresariado mexicano se vería obligado a alinearse con sus contrapartes estadunidenses en defensa de un entorno comercial más predecible y seguro.

Aunado a ello, la reciente advertencia del gobierno de México a las compañías gasolineras para topar los precios de los combustibles ha generado preocupaciones tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. La medida, que busca mitigar los efectos inflacionarios, ha sido interpretada como un intento de control de precios que podría distorsionar el mercado y desincentivar la inversión en el sector energético. Sumado a la reforma judicial, estas decisiones fortalecen la percepción de que el gobierno busca consolidar un control más amplio sobre la economía a expensas de la libre competencia y el Estado de derecho.

Diversos organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, han advertido sobre los riesgos de un gobierno excesivamente intervencionista en la economía. Estudios destacan que estas políticas generan distorsiones económicas, reducen la inversión privada y deterioran la competitividad de los países.

Ejemplos históricos como Venezuela y Argentina ilustran cómo la implementación de controles de precios y mercados ha conducido a inflación descontrolada, escasez de productos y fuga de capitales, con efectos adversos sobre el bienestar social y el desarrollo económico sostenible.

México enfrenta una coyuntura crítica. La eliminación de contrapesos democráticos, el intervencionismo en el mercado y la creciente presión de su principal socio comercial dibujan un panorama incierto para los próximos años. Mientras el gobierno insiste en que sus reformas fortalecerán el país, los indicadores económicos y las reacciones de la comunidad internacional reflejan una perspectiva diferente. No sólo está en juego el crecimiento económico, sino también la credibilidad de México como un destino seguro para la inversión y como una democracia funcional en el ámbito internacional.

En este momento, México no está en condiciones de asumir políticas de alto riesgo que puedan reducir el dinamismo económico.

* Versiones indican que México aceptó entregar a un gobernador sobre el cual se tienen grabaciones con personajes de interés de Estados Unidos. Veamos.