México debe apostar a la producción de medicamentos por parte del gobierno

La emergencia sanitaria por la que estamos atravesando destacó las añejas debilidades del sistema de salud en México y las hizo más evidentes; el abasto de medicamentos es una de ellas y empieza a representar un verdadero problema para las personas que dependen del sistema público para la atención de su salud.

Si bien el abasto de medicamentos era ya un tema pendiente de resolver previo a la pandemia, en fechas recientes se han hecho más presentes las quejas de los derechohabientes del IMSS, del ISSSTE y de otras instituciones públicas, quienes aseguran que no están obteniendo los medicamentos que requieren.

De acuerdo con el estudio “Mapeo del desabasto de medicamentos en México 2019-2020”, de la asociación Nosotrxs y el colectivo Cero Desabasto, entre 2019 y 2020 se triplicó el número de recetas no surtidas efectivamente por parte del sistema público de salud, llegando a un aproximado de 16 millones hasta 2020. Asimismo, el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con relación a este problema también aumentó en dicho periodo.

Por otra parte, información de la Cámara Mexicana de la Industria Farmacéutica señala que, en los últimos cuatro años, las ventas a instituciones públicas han disminuido, lo cual sugiere un impacto negativo en el abastecimiento de las medicinas repartidas a través de éstas.

El que las personas dependientes de los servicios de salud del Estado no tengan garantizado el acceso a las medicinas que necesitan para tratar sus padecimientos y/o enfermedades, es un problema que escala en distintas direcciones, pues es evidente que la salud es prioridad y su atención algo que no puede esperar.

Al no ver surtidas sus recetas, las personas se encuentran en la necesidad de comprar las medicinas por su cuenta en establecimientos privados, lo cual representa un impacto importante en su economía e incluso en la estabilidad de la calidad de vida de sus familias. Y el problema escala aún más cuando tampoco están accesibles mediante el sector privado, pues, a raíz de la contingencia que atraviesa el mundo, muchos medicamentos comenzaron a escasear.

Es cierto que la salud es un derecho universal y, ante ello, el gobierno tiene la obligación de establecer los esquemas necesarios para garantizar que todas las personas tengan acceso a una atención de calidad, pero hay que considerar que para la producción y distribución de medicinas se depende, en gran medida, del sector farmacéutico, es decir, del sector privado.

De tal modo, hay un paso más que el gobierno debe dar y es ir más allá de garantizar la cadena de distribución, debe atreverse a apostar a la fabricación nacional, lo cual no sólo permitiría ampliar las oportunidades de abasto en la red hospitalaria, sino también contribuiría a mejorar el costo y estimular la investigación en el país.

México cuenta con la infraestructura necesaria para hacerlo y la idea de una empresa farmacéutica pública podría ser incluso considerada para mejorar el margen de negociación entre el gobierno y las farmacéuticas. Ya no se trata sólo de optimizar los modelos de compra, es tiempo de apostar a la investigación y a la producción de medicinas por parte del gobierno.