El espacio público no es de nadie en particular, es de todas y todos

En una ciudad de las dimensiones que tiene la CDMX, el orden del espacio público jamás puede considerarse un asunto menor; la planeación del uso de cada metro cuadrado es fundamental. Y es que no se trata sólo de la enorme cantidad de población que concentra, sino también de sus funciones como uno de los principales centros económicos, comerciales, laborales y de servicios del país, detrás de las cuales hay millones de personas que se desplazan todos los días y un sistema de transporte que mueve a una gran mayoría: el Metro.

Por eso, recuperar los espacios para la movilidad y establecer reglas de operación y seguridad para quienes ejercen actividades comerciales dentro de la red del STC Metro, no sólo era una necesidad, sino más bien una urgencia.

Hace poco más de un mes entró en vigor el nuevo Reglamento del Metro CDMX sobre la operación de locales y espacios comerciales, con el fin de ordenar el comercio al interior de este transporte, dando un plazo de 60 días para que los comercios existentes se adecuaran a las nuevas reglas de operación.

El asunto va mucho más allá de quitar o poner locales: se trata de garantizar la seguridad de todas las partes y organizar el comercio a fin de que pueda convivir con el libre tránsito de los usuarios en estaciones, pasillos, accesos y escaleras, porque unos cuantos metros pueden representar la diferencia entre un flujo relativamente ordenado y un cuello de botella que a todos perjudica.

Pero hay que aclarar que la nueva normatividad no busca descalificar al comercio popular ni ignorar una realidad económica evidente, sino todo lo contrario. Lo relevante es que comienza a plantearse una salida a una discusión que la CDMX arrastra desde hace décadas: cómo hacer compatibles el derecho de las personas a desarrollar una actividad económica con el derecho colectivo a transitar de manera libre y segura por el espacio público. La regulación, en ese sentido, no tendría que enfrentar a unos con otros, sino establecer reglas claras para que ambas necesidades puedan coexistir.

Se sabe que miles de familias encuentran en el comercio una forma legítima de obtener ingresos. El comerciante no debe convertirse en enemigo del usuario ni viceversa, y ninguno de ellos en adversario de las autoridades encargadas de regularlos.

Sin embargo, es preciso reconocer que ocupar durante años un espacio público no convierte ese espacio en propiedad privada. Los espacios públicos deben ser para uso, goce y beneficio de todos por igual.

Pero el tema es más complejo de lo que parece e incluso su análisis resulta interesante. Cuando poco a poco una esquina, una banqueta, un pasillo, un área verde, un acceso o cualquier porción del espacio público comienzan a ser objeto de apropiación, se generan después costumbres, acuerdos, antigüedad e incluso la percepción de haber adquirido derechos permanentes sobre ese lugar. Sin embargo, el espacio público tiene precisamente la característica contraria: la de existir para ser utilizado por todos.

Sin embargo, ordenar una ciudad no significa desplazar arbitrariamente a unos para comodidad de otros, sino establecer límites razonables que permitan la convivencia armónica entre todas las partes. De ahí lo relevante de un ordenamiento de aplicación y ejecución permanente, tal como el nuevo reglamento para la instalación, operación, verificación y seguridad de los espacios comerciales dentro del Metro.

La CDMX necesita comercio, actividad económica y oportunidades para quienes todos los días salen a ganarse la vida, pero también espacios transitables, estaciones seguras, accesos despejados y espacios verdaderamente públicos. Porque en una ciudad donde somos tantos, nadie puede actuar como si sus intereses y necesidades fueran los únicos que importan. El espacio público no es de nadie en particular, es de todas y todos.