El pasado 12 de mayo, la agencia calificadora Standard & Poor’s anunció un comunicado de prensa que tiene como título: “S&P Global Ratings revisó a negativa la perspectiva de México por flexibilidad fiscal más débil; confirmó calificación en moneda extranjera de ‘BBB’ ”. Por su parte, la Secretaría de Hacienda, en su comunicado número 36, emitido poco después ese mismo día, tuvo el siguiente título: “S&P ratifica la calificación crediticia de México”. ¿Cómo explicar esta no sutil diferencia?
Vayamos por partes. La evaluación de las agencias calificadoras de riesgos financieros, como Standard & Poor’s, es una opinión técnica sobre la solvencia de empresas o gobiernos para cumplir o pagar sus compromisos de deuda, la cual permite a los inversionistas nacionales o extranjeros tomar decisiones con información relativamente estandarizada. Por lo general, las calificaciones se basan en una evaluación de las capacidades institucionales, el desempeño económico, la política fiscal y monetaria, así como del tipo de cambio y/o de los niveles de endeudamiento de los gobiernos. Las calificaciones suelen tener un rango que va desde la “AAA” hasta la “D”. Cada letra tiene una escala gradual: una BBB es mejor que BB o B. Las calificaciones entre AAA y BBB se consideran como confiables —tienen “grado de inversión”—, mientras que las calificaciones de BB o inferiores suelen ser consideradas como riesgosas o especulativas.
Históricamente, México ha recibido calificaciones de BBB+ o BBB. Para SP, el lento crecimiento económico, los déficits públicos persistentes, el aumento de la deuda pública, así como la incertidumbre en la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá son fuente de creciente preocupación y “debilita la confianza de los inversionistas”.
Si bien la calificación crediticia en moneda extranjera se mantiene en BBB, SP modificó su perspectiva de “estable a negativa”. Es decir, cabe la posibilidad de que, en el corto o mediano plazo, la calificación crediticia del país disminuya a BBB- ante “el riesgo de que resultados fiscales persistentemente débiles” incrementen la deuda pública de México a un ritmo mayor al previsto.
En opinión de S&P, si el gobierno mexicano no disminuye sus déficits fiscales en los próximos dos años, o bien si hay un revés “inesperado” en la renegociación de nuestro tratado comercial con Estados Unidos, la calificación crediticia de México podría disminuir. Por otro lado, en el mejor de los casos, si mejora la consolidación fiscal, se reducen o estabilizan los niveles de deuda, o hay un repunte en la inversión privada o el crecimiento económico, la calificación crediticia podría mejorar.
El reporte de SP reconoce que, desde tiempo atrás, México no ha sido capaz de resolver problemas de baja productividad y bajo crecimiento económico, acompañados de baja inversión pública en infraestructura y una economía informal de tamaño considerable. Además de ello, persisten una mala calidad educativa, acceso limitado a los créditos e instrumentos financieros, así como problemas de inseguridad.
Desde 2024, los niveles de déficit público del gobierno general han estado entre 5.2 y 4.9% del PIB, mientras que en los años anteriores promediaban entre 2.7 y 3% entre 2019 y 2023. Esto se debe a que el gasto público y el costo de los intereses de la deuda han aumentado en mayor medida que la economía en general y la recaudación. En su momento se dijo que el endeudamiento era necesario para concluir proyectos estratégicos, pero lo cierto es que la inversión pública fue de sólo 1.9% del PIB en 2024 y de 1.4% en 2025, mientras que en años anteriores promediaba 1.7% del PIB. En resumen, el gobierno federal gasta mucho, pero la economía y la inversión crece poco.
En las próximas semanas, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá podrían negociar una prórroga del acuerdo de libre comercio por 16 años más. Sin embargo, si no se logra un acuerdo, entraríamos a un largo periodo de revisiones anuales que sólo prolongaría la incertidumbre de los últimos meses. En la mesa hay muchos más problemas que entregar o no a un exgobernador acusado de estar vinculado con el crimen organizado.