Rezago en inversión pública

En enero de 2019, a propósito de la trágica explosión de un ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo, escribí en este espacio cómo los sesgos partidistas o ideológicos pueden afectar la atribución de responsabilidades por las tragedias ocurridas a lo largo de diferentes gobiernos. Así, por ejemplo, quienes en algún momento atribuían de manera sumaria responsabilidades a los presidentes en turno, frente a un nuevo gobierno hacen llamados a la prudencia, a ponderar causas y efectos, cadenas de responsabilidad, y considerar la complejidad de las políticas públicas. En esa misma columna escribí que “las políticas públicas mal diseñadas y la falta de una adecuada planeación estratégica —en este sexenio o los anteriores— pueden costar vidas. No se puede construir un buen gobierno evadiendo responsabilidades, culpando al pasado, al contexto social o la cultura."

Tras dos años y medio del gobierno en turno, el cúmulo de tragedias o accidentes pone en mayor relieve lo costoso que puede llegar a ser el desatender o menospreciar diferentes aspectos de las políticas públicas que son responsabilidad del gobierno: desde el desabasto de medicinas, una mala respuesta ante una pandemia, hasta las fallas en el mantenimiento de la red eléctrica o, como se vio esta misma semana, en el sistema del Metro en la Ciudad de México.

¿Cuáles son las prioridades de inversión del gobierno federal? Según un análisis de Mariana Campos, experta en finanzas públicas de México Evalúa, el gasto en inversión física del sector público, mismo que incluye a Pemex, se ha estancado desde 2017. Y si bien ésta ha aumentado en el último año para alcanzar 707.7 miles de millones de pesos, ésta sigue muy cerca de niveles mínimos históricos: 2.8% del PIB de este año. Sin embargo, 43% de la inversión pública de este año se destinará al sector petrolero.

Otro 15% de la inversión, es decir, más de 100 mil millones de pesos, se destinarán a proyectos estratégicos del gobierno, tales como el Tren Maya (36.2 mmdp), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (21.3 mmdp) o la red de Bancos del Bienestar (5 mmdp). Esto quiere decir que el gobierno ha decidido que esos 100 mil millones de pesos tienen un mayor impacto o una mayor rentabilidad social, que la salud o la infraestructura del país.

La inversión física de este año tampoco se distribuirá de manera uniforme a lo largo del país. Dos tercios de la inversión se concentrarán en tan sólo cinco entidades: ordenadas de mayor a menor monto, se trata de Campeche, Tabasco, CDMX, Estado de México y Veracruz. Tan solo Tabasco recibirá cuatro veces más inversión pública que Chiapas, y cinco veces más que Oaxaca. El otro tercio restante del presupuesto en inversión pública se destinará a las otras 27 entidades del país. En 20 de 32 entidades, la inversión presupuestada para 2020 será menor que la de 2019. Las participaciones y transferencias del Ramo 33 y 23 a estados y municipios, que usualmente se destinan a inversiones en obra pública también disminuirán en 2021 respecto al año anterior.

En resumen, la inversión pública en México no ha sido prioridad de este gobierno ni los anteriores. Y, en el caso del gobierno actual, el grueso de la inversión se ha destinado a sectores y actividades cuyo impacto económico y social difícilmente soportarían una evaluación costo-beneficio, o de creación de empleos, o de equidad entre unas regiones o entidades y otras. En los próximos días conoceremos con mayor detalle la evolución del gasto en infraestructura en la CDMX, así como los niveles y calidad del gasto en mantenimiento del sistema de transporte colectivo metro. De entrada, sabemos que el presupuesto del sistema del metro ha disminuido en los últimos dos años y que han incurrido en subejercicios.

Así como el gobierno federal ha decidido priorizar el gasto en unos sectores que otros, el gobierno de la Ciudad de México tendrá que explicar y justificar públicamente las decisiones de gasto e inversión en infraestructura de su administración. Diversos analistas han señalado al menos dos posibilidades: el pago de tenencia de automóviles, hasta ahora subsidiado, podría utilizarse para fortalecer o ampliar la red de transporte público existente. Otra alternativa es aumentar el costo de la tarifa del Metro para poder financiar su mantenimiento. Una es políticamente más costosa y regresiva que la otra.