La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el rey de España, Felipe VI, pida una disculpa formal a México por los abusos de la Conquista. Al exigir que sea el rey el que pida disculpas o dé un trato protocolario formal a la carta que le envió su antecesor, López Obrador, Sheinbaum reconoce al rey como jefe de Estado y lo hace responsable implícito de lo que hicieron o mandaron hacer los reyes de Castilla (que no están en su genealogía) hace 500 años, cuando el Estado español, España, como tal, no existía.
Y, sin embargo, ante la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Presidenta se niega a reconocer la responsabilidad del Estado mexicano que ella preside en la crisis de los desaparecidos. Le exige al reino de España que pida perdón por lo sucedido hace 500 años, pero se niega a reconocer como responsabilidad del Estado la tragedia que enluta a más de 130 mil familias mexicanas en las últimas dos décadas. No en 500 años, apenas en 20 años.
Es entendible. Durante los 18 meses de su gobierno Sheinbaum se ha comportado más como jefa de un gobierno morenista y de su partido que como jefa de Estado. Incapaz de ni siquiera nombrar a los partidos de oposición por su nomenclatura formal, siempre añadiendo una burla o un adjetivo hiriente, desde traidores a la patria hasta conservadores; o intentando reformas constitucionales que beneficien la permanencia de Morena en el poder. En la práctica, es el gobierno de Morena para Morena y por Morena. México ratificó en 2007 su pertinencia a la mencionada Convención que en su artículo define a las desapariciones forzadas así: se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado…”. En el caso de nuestro país se dan todas las circunstancias mencionadas: han habido de 2012 —primera visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada— hasta 2026, desapariciones en las que han participado agentes del Estado federales, estatales o municipales y acciones de particulares en las que el Estado ha volteado para otro lado.
Aquiescencia es una forma educada de decir “hacerse de la vista gorda”.
Y una forma de hacerse de la vista gorda es no reconocer el problema o recurrir a ingeniería de números para ocultar su magnitud. En 2023, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, renunció y denunció que el gobierno de López Obrador buscaba disminuir las cifras de desaparecidos; y, en efecto, de 120,000 que había entonces, AMLO las redujo a 12,300, ¡desapareció a 108 mil! El gobierno actual borró a 43 mil “porque no tenía datos completos”. Pero hay otras manifestaciones de aquiescencia más graves aún: el gobernador de Tabasco que nombró al jefe del cártel de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, como secretario de Seguridad estatal, es hoy senador de la República. Jacobo Dayán ha documentado el crecimiento vertiginoso de desaparecidos en este estado a raíz de la llegada del protegido de Adán Augusto López. O el multicitado caso de Sinaloa: está documentado por multitud de testimonios que Morena ganó las elecciones en ese estado gracias a la operación del Cártel de Sinaloa. El gobernador Rocha Moya sólo se ha sostenido gracias al apoyo y la aquiescencia de Morena y del gobierno actual. Si los protegen, si los defienden, si desaparecen a los desaparecidos: entonces permiten y fortalecen las circunstancias que hacen posibles las desapariciones forzadas.
En 2019, el Comité contra las Desapariciones Forzadas recibió la primera solicitud para que se activara el articulo 34 de la mencionada Convención. En 2021 recibió cuatro solicitudes más. En 2025 admitió nuevamente otra solicitud y en todas esas ocasiones decidió primero consultar al gobierno de México. Durante todo 2025 recibió informes de las organizaciones no gubernamentales y en septiembre la del gobierno mexicano. Y, aun así, sabiendo que el caso de México se examinaba con lupa durante 2025 y 2026, el gobierno decide borrar a 43 mil desaparecidos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y luego se escandaliza de que se active el artículo 34 que pide que la Asamblea General de la ONU examine el caso mexicano y encuentre formas de colaborar con México.
Como dice el Comité: “La situación de las desapariciones forzadas no ha mejorado desde su visita al Estado Parte en 2021, a pesar de los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas al respecto. Las autoridades responsables siguen sobrepasadas por la magnitud del crimen y siguen siendo necesarios cambios estructurales para abordarlo y prevenirlo de manera eficaz y eficiente”. No bastan cambios en las leyes. No bastan creación de nuevas instancias de búsqueda, por cierto, sin presupuesto adecuado. En la realidad, los cientos de colectivos de madres (y familiares) son los que realizan las búsquedas. El Estado ha sido y es omiso y peca de aquisciencia con los criminales.