Casillas confiables y plan B

La reforma a diversas leyes electorales, conocida como el plan B, modifica seis leyes secundarias en materia electoral. La semana pasada comenté en este espacio algunas preocupaciones generales. Hoy comentaré las serias implicaciones de la reforma a tan solo un artículo, el 245 de la LGIPE, el cual detalla el procedimiento para integrar las mesas directivas de casillas electorales.

Por principio de cuentas, ¿ustedes cómo harían para instalar una casilla cuidada por seis personas por cada 750 electores en un país de más de cien millones de habitantes? ¿Cómo harían para que fueran confiables tales casillas? ¿Cómo determinarían si este procedimiento es factible o bien “engorroso y caro”?

El reto logístico para organizar una jornada electoral con casillas a cargo de ciudadanos invitados al azar a fungir como funcionarios de casilla es de proporciones extraordinarias. A mi modo de ver, pocas instituciones del país son capaces de realizar un esfuerzo similar de manera confiable.

En México, los electores son invitados al azar a ser funcionarios de casilla. Es un proceso complicado, pero sirve para garantizar casillas confiables. Al comienzo, todas las personas con credencial para votar vigente tienen la misma probabilidad de ser exhortados porque la primera insaculación es aleatoria. Sin embargo, aceptar la invitación, aprobar satisfactoriamente la capacitación, conocer lo que implica el reto y dedicar un domingo a contar los votos de tus vecinos, no tanto.

Cada año electoral se sortea un mes y una letra inicial, y a partir de allí se insacula al 13% de la lista nominal para invitarlos a ser funcionarios. En el proceso electoral de 2021, para poder instalar 162 mil570 casillas, el INE tuvo que seleccionar, capacitar y designar a un millón463 mil130 funcionarios de casilla (nueve por casilla): un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes. El procedimiento de ley vigente implicó insacular a 12.1 millones de electores de una lista nominal de 93.5 millones, quienes fueron notificados en sus domicilios durante la primera etapa de capacitación. El INE realizó esto en alrededor de 50 días entre febrero y marzo.

¿Por qué se invita a tantas personas? Porque la inmensa mayoría de los electores no aceptan la invitación a ser funcionarios de casilla. Aun así, en 2021 el INE logró hacerlo, como lo ha hecho en cada año electoral.

Una vez que se tiene un listado de las personas dispuestas a ejercer el cargo de funcionarios de casilla, a inicios de abril se hace una segunda insaculación dando preferencia a la escolaridad. Así, en 2021 se designaron a 1.46 millones de funcionarios de casilla.

¿Esto es suficiente? Por desgracia, no. Entre abril y hasta un día antes de la jornada, el INE tiene que capacitar a los funcionarios de casilla: 1.4 millones de personas. La tarea se vuelve más difícil porque 45% de los designados renuncian al cargo antes de la jornada y deben ser sustituidos. Esta segunda etapa de capacitación dura alrededor de 52 días. Y con cada renuncia, hay que designar nuevos funcionarios y volver a capacitarlos.

Pero eso no es todo. El día de la jornada, 3.2% de los funcionarios designados no se presentó y un 7% tuvo que ser “tomado de la fila” de electores. Cada año es más difícil instalar casillas electorales en México: muchos rechazan la invitación inicial y otros renuncian al conocer el esfuerzo requerido.

Pues bien, la reforma del plan B reduce los plazos para reclutar y capacitar funcionarios de casilla, así como los criterios para designarlos. Se propone que no hace falta insacular a tantas personas y, además, que la capacitación puede hacerse en menos semanas y de forma más económica. ¿Sería esto posible?

¿Quiénes aceptan el difícil cargo de ser funcionarias de casilla? En su mayoría, mujeres jóvenes con escolaridad mayor al promedio. Quizás por eso tenemos casillas confiables. ¿Vale la pena poner en riesgo a las casillas ciudadanas?