La pregunta es necesaria después de que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya se saltó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la decisión de retomar formalmente sus funciones. Porque en los hechos él seguía mandando. Y así lo confirmó la facilidad con la que volvió a Palacio de Gobierno el viernes 21, obteniendo el aval automático del Congreso y del Poder Judicial estatales.
Horas más tarde, el comunicado de la Secretaría de Gobernación nos informó que Rocha Moya seguía siendo investigado. Y, aunque nada sabemos de las indagaciones de la FGR, en su mensaje tuitero del sábado, la Presidenta habló de ambición, arrogancia y abuso de poder. El domingo, el gobernador pidió su segunda licencia.
El lunes, la mandataria calificó de imprudente el comportamiento del morenista. Y argumentó: “Si estás bajo investigación, pienso que es mejor separarse del cargo”. Sin embargo, gobierno y Morena continúan alegando que Estados Unidos aun no envió las pruebas que acrediten las acusaciones de narcopolítica contra los 10 extraditables de Sinaloa.
Y con o sin evidencias, el martes Sheinbaum dio por un hecho que la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, se quedará en el cargo los 13 meses que le faltaban a Rocha.
En la toma de protesta, el miedo que los sinaloenses viven en las calles se trasluce en el cuidado que los diputados tienen con las palabras.
Acostumbrados a la línea y a la disciplina, los de Morena y PVEM, que cuatro días atrás celebraron el regreso de Rocha, ese 25 de agosto aprobaron su segunda licencia y exaltaron la trayectoria de Domínguez Nava. Socióloga, diputada local, secretaria de Educación de Rocha, y diputada federal, la gobernadora interina fue descrita como una política con experiencia, prudente y serena.
Los congresistas del oficialismo repitieron frases del post presidencial en X; alguien pidió darle vuelta a la página. Pero ninguno llamó por su nombre a las bandas criminales que los tienen secuestrados. Incluso la oposición, que anunció sumarse a la demanda ciudadana de juicio político contra Rocha Moya, fue cautelosa. Pidió que se rompa “el pacto de impunidad” y que los sinaloenses no “vuelvan a ser utilizados como moneda de cambio en las disputas internas del poder”.
Víctima de un atentado en el que perdió la vista de un ojo, Elizabeth Montoya, de MC, exigió una investigación sobre los acontecimientos que han marcado los casi dos años de violencia. Sólo la diputada Paola Gárate, del PRI, secuestrada en lo que su partido llama la narcoelección de 2021, se refirió a las acusaciones de Estados Unidos de que los grupos criminales son protegidos desde el Palacio de Gobierno.
El interinato se avaló con 31 votos a favor y seis en contra. Hubo tres diputados que prefirieron no pronunciarse, incluidos los del Partido Sinaloense del asesinado Héctor Melesio Cuén, entre ellos su viuda. Graciela Domínguez prometió una gestión “sin convertir al gobierno en patrimonio de ninguna persona ni de ningún grupo”. Y ofreció: “Nuestra prioridad será la paz, no de discurso, sino una paz que se sienta en las calles, una paz que nos permita vivir sin miedo”.
El miércoles, la senadora Imelda Castro, designada por Morena para el encargo que la llevará en 2027 a la boleta por la gubernatura, dijo que ella no mete las manos al fuego por Rocha ni por nadie.
En sus primeras declaraciones, la candidata del partido que en la entidad tiene una intención de voto de 45% sonó ingenua y desconectada del diagnóstico de las agencias de inteligencia de EU de que ahí campea la narcopolítica.
En entrevista, Álvaro Delgado le preguntó si ella, al igual que sus antecesores, estaría dispuesta a dialogar con los cárteles para evitar más violencia, como lo había declarado Rocha Moya, le recordó el periodista.
“Creo que quien es electo gobernador o gobernadora se tiene que dedicar a gobernar. Y el gobierno federal a combatir el crimen. Este es un tema del gobierno federal. Y el gobierno del estado tiene que trabajar en una estrategia de los delitos del fuero común. Pero no involucrarse en absolutamente nada. No acordar. ¿Por qué tiene que acordar, si se tiene que combatir la impunidad?”.
La confianza de que la crisis se remontará gracias al despliegue de elementos militares y al Gabinete de Seguridad se estrella con la realidad: en lo que va de este sexenio, el secretario Omar García Harfuch no aplicó aun en Sinaloa la Operación Enjambre, destinada a desarticular la narcopolítica.
El optimismo de la gobernadora interina y de la candidata a sucederla se desinfla frente al desafío del senador Enrique Inzunza —entre los 10 extraditables— a la instrucción presidencial de que debía pedir licencia. Pero como parte de una negociación que sólo los involucrados conocen, el fallido delfín de Rocha, su brazo operador, jefe de facto del Poder Judicial estatal, obtuvo el trato de quedarse con el fuero parlamentario como legislador sin partido.
¿Qué más se les concedió a los rochistas? ¿Alcaldías para 2027? ¿Impunidad? ¿Hasta cuándo? Por eso preguntamos, ¿podrán la Presidenta, la interina y la candidata romper el pacto? Sería una gran historia.