100 días: los abucheados

Pasado mañana se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien protagoniza condiciones inéditas que podríamos resumir con el hecho de que se trata del Presidente más querido y más temido del México contemporáneo.

Esta circunstancia se traduce en arrastre popular, credibilidad y una alta expectativa de cambio. Pero también en un liderazgo que confronta y descalifica a la oposición, satanizándola, así como a los llamados organismos autónomos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios.

La mayor escenificación de ese presidencialismo que avasalla se ha dado en los mítines donde la gente abuchea a los gobernadores del PRI, PAN y PRD. Y López Obrador solicita indulgencia.

Aunque esas rechiflas azuzadas por operadores de Morena se vienen registrando desde la transición, el reclamo de los partidos opositores se dio apenas esta semana, después de que el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, atestiguó en silencio el reiterado montaje e hizo pública su decisión de no acompañar más al Presidente en esos actos que calificó de partidistas.

El martes, el gobernador priista de Colima, Ignacio Peralta, encaró los abucheos señalando que aquel coro era parte de un protocolo de los morenistas.

Tanto el Presidente como la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, se han deslindado de las rechiflas. Pero falta un llamado, en serio, a la contención de sus bases.

Los abucheos, sin embargo, trascienden las plazas.

Enfocado en erradicar la corrupción como un mal estructural que involucra a todos los factores de poder, el Presidente ha ofrecido un gelatinoso punto final para quienes la hayan practicado.

Porque esa amnistía de facto parece ser selectiva y no aplicable para quienes se manifiestan críticos, escépticos o en actitud vigilante hacia el proyecto gubernamental, como sería el caso de los institutos autónomos (CRE, Cofece, Inai, INEE).

Si bien los señalamientos presidenciales sobre presuntas conductas corruptas y moralmente censurables han quedado en el plano de lo mediático, esas descalificaciones son políticamente graves para sus destinatarios.

Así sucedió con el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, después de que López Obrador lo acusó de tener conflicto de interés. Su remoción no depende del Ejecutivo. Pero dadas las impugnaciones, el comisionado pidió cita con el Presidente para preguntarle si quería su renuncia.

Y todo indica que esa visita a Palacio Nacional, como señal de sometimiento, y la respuesta presidencial de que la renuncia no era necesaria, pararon la investigación sobre supuestas triangulaciones financieras de García Alcocer y familiares, anunciada por Santiago Nieto, responsable de detectar el lavado de dinero en la SHCP.

Esa es la mecánica de los abucheos en estos primeros 100 días de gobierno, cuyas principales víctimas son las organizaciones de la sociedad civil (OSC), a las que López Obrador ha etiquetado como instrumentos de la oligarquía e intermediarias prescindibles.

Es una estigmatización que debilita políticamente al sector que había tenido, en los últimos tres sexenios, un protagonismo clave en cambios legislativos y en la definición de políticas públicas.

En correspondencia con ese desdén, el Presidente batea las demandas de las OSC. Como sucedió ayer en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer al ponerle freno al propósito de algunas legisladoras de Morena, como la senadora Malú Micher, de emprender el proceso de despenalización del aborto a nivel nacional.

Bajo el alegato de que las energías hoy deben centrarse en el combate a la corrupción, López Obrador definió que no es momento de entrarle a ese polarizante tema.

Es previsible que esa declaración presidencial inhibirá el arrojo que las legisladoras de Morena dicen tener para garantizar el derecho a una libre maternidad.

En la práctica, López Obrador inclina la balanza a favor del ala conservadora de Morena, encabezada por la senadora Lily Téllez, quien este jueves tomó la causa de llamar asesinos a los impulsores del movimiento #MareaVerde que busca la legalización del aborto.

Otros abucheados son los periodistas, bajo la etiqueta presidencial de fifís. Y como chayoteros por las huestes digitales de la 4T, una narrativa que ya hizo suya el vocero del gobierno, Jesús Ramírez, quien asegura que un grupo de columnistas recibió millones en el sexenio anterior.

La denuncia se centra en los supuestos corrompidos periodistas sin hacerse cargo de los corruptores del poder. Y, reproduciendo la mecánica contra las OSC, es una retórica que desprestigia al gremio en su totalidad, atentando contra la reputación y el debido proceso de los trabajadores de la información.

Es una narrativa oficial que tiene un doble costo social: los responsables de la corrupción siguen impunes y, mientras no se demuestre lo contrario, todos los protagonistas de los sectores descalificados, resultan sospechosos, criticables, corruptos, abucheables...