Hay batallas que uno no busca, pero que cuando llegan, hay que enfrentarlas con dignidad, con pruebas, con abogados serios y, sobre todo, con la verdad. Después de tres años de litigios, audiencias, amenazas veladas, presiones políticas y un intento descarado de intimidar a la justicia, puedo decirlo fuerte y claro: le gané el amparo al diputado federal Sergio Mayer.
Y no se trata de un simple pleito entre personajes del espectáculo. No. Aquí está en juego algo mucho más importante: la libertad de expresión, el derecho a opinar y el abuso de poder de quienes creen que tener un cargo público les da permiso de aplastar a cualquiera que piense diferente.
Todo comenzó cuando Sergio Mayer decidió demandarme por la ridícula cantidad de 2.5 millones de dólares. Sí, leyó usted bien: 2.5 millones de dólares. ¿La razón? Según él, por culpa de comentarios míos en medios de comunicación, un supuesto empresario amigo suyo decidió cancelar un reality show y, por lo tanto, él dejó de ganar esa cantidad millonaria.
Desde el principio aquello olía mal. Muy mal.
El famoso contrato que presentaron era, a todas luces, apócrifo, improvisado, sin sustento serio y armado con pinzas. Un documento que parecía más un guion barato de telenovela que un contrato profesional de una producción internacional. Pero aun así quisieron convertirlo en una “verdad jurídica” para intentar callarme y castigarme económicamente.
La estrategia era muy clara: desgastarme, intimidarme y mandar el mensaje de que cualquiera que critique a Sergio Mayer puede terminar demandado. Pero se toparon con pared.
En la primera instancia perdió. Así de sencillo. Los jueces encontraron inconsistencias, contradicciones y falta de elementos sólidos. Aun así, se le propuso llegar a un acuerdo. Mis abogados, con toda apertura y profesionalismo, estuvieron dispuestos a dialogar para evitar que este asunto creciera innecesariamente.
¿Y qué hizo Sergio Mayer?
Negarse.
Porque, según él, iba a llegar “hasta las últimas consecuencias”. Porque decía tener contactos políticos. Porque presumía su calidad de diputado federal. Porque, aparentemente, pensó que el aparato político podía inclinar la balanza de la justicia.
No ocurrió.
Perdió la primera instancia.
Después vino la segunda.
Y volvió a perder.
Otra vez se intentó abrir una puerta de conciliación. Otra vez sus abogados fueron escuchados. Otra vez hubo oportunidad de terminar con dignidad un asunto que ya estaba completamente debilitado jurídicamente.
Pero Mayer volvió a cerrarse.
Cambió de abogados. Se amparó. Intentó prolongar el proceso. Apostó al cansancio y al desgaste. La vieja práctica de muchos políticos: “Si no puedo ganar con argumentos, voy a desgastar al contrario”.
Lo más delicado vino después.
Porque sabemos —y existen videos— de que Sergio Mayer acudió personalmente a intentar presionar magistrados. Sí, así como lo leen. Un diputado federal acercándose a quienes debían impartir justicia en un caso donde él era parte interesada. Eso, aquí y en cualquier país serio, es gravísimo.
Y no faltó quien comentara dentro de los pasillos judiciales que el señor presumía influencias políticas y cercanía con ciertos grupos de poder. Lo que no entendió es que todavía existen jueces y magistrados honestos en este país. Todavía queda gente que no se dobla frente a los reflectores ni frente a los cargos públicos.
Finalmente, ayer miércoles llegó el dictamen definitivo.
Por unanimidad, los tres magistrados resolvieron a mi favor.
Unánime.
Sin margen de duda.
Sin interpretaciones ambiguas.
La justicia determinó que Sergio Mayer no tenía razón y que el amparo me favorecía totalmente.
Y quiero decirlo con todas sus letras: no ganó Gustavo Adolfo Infante. Ganó la libertad de expresión. Ganó el periodismo crítico. Ganó el derecho a cuestionar a los personajes públicos. Ganó el hecho de que un diputado no puede utilizar su posición para intentar aplastar mediáticamente a quien lo critique.
Porque, además, aquí hay un tema de fondo muy delicado: Sergio Mayer ha querido construir durante años una narrativa donde cualquier crítica hacia él es “violencia”, “ataque” o “difamación”. Y no. Una figura pública está obligada a soportar el escrutinio público. Más aún cuando ha vivido toda su carrera de la exposición mediática.
No se puede ser figura pública para cobrar exclusivas, aparecer en realities, monetizar escándalos y buscar reflectores… pero después querer esconderse detrás de demandas millonarias cuando alguien opina distinto.
Eso no funciona así.
Durante estos tres años fui prudente. Muy prudente. Mucha gente me preguntaba por qué no hablaba más del tema. La respuesta era simple: porque confiaba en la justicia y porque mis abogados me pidieron prudencia.
Hoy que el asunto queda claro jurídicamente, puedo hablar con tranquilidad.
Y también con agradecimiento.
Quiero agradecer públicamente a mi abogada Mariana Gutiérrez, una mujer inteligente, preparada, firme y absolutamente comprometida con este caso desde el primer día. También a Alonso Beceiro y a todo su extraordinario equipo jurídico, quienes jamás se dejaron intimidar por amenazas políticas ni por presiones externas.
Gracias por creer en mí.
Gracias por defender no solamente a un periodista, sino un principio fundamental.
También quiero reconocer a los jueces y magistrados que actuaron con independencia y profesionalismo. En tiempos donde mucha gente desconfía de las instituciones, vale la pena señalar cuando las cosas se hacen bien. Ellos no permitieron ser amedrentados por un diputado que pensó que el poder político podía sustituir a los argumentos legales.
Y aquí viene algo importante.
Este caso deja un precedente peligrosísimo para muchos personajes públicos que creen que pueden utilizar demandas multimillonarias como mecanismo de censura. Porque eso era exactamente esto: un intento de censura disfrazado de litigio civil.
Demandas desproporcionadas.
Cantidades absurdas.
Procesos eternos.
Todo para intentar callar periodistas.
Pero esta vez no pudieron.
Y sinceramente espero que esto sirva para que más comunicadores entiendan que no debemos vivir con miedo. El periodismo incómodo existe precisamente para señalar abusos, contradicciones y excesos de poder.
Claro que debemos ser responsables. Claro que debemos investigar y sustentar lo que decimos. Pero una opinión crítica no puede convertirse automáticamente en una extorsión judicial.
A Sergio Mayer le diría algo muy sencillo: las derrotas también enseñan.
Quizá este sea un buen momento para reflexionar sobre por qué tanta gente termina enfrentada con él. Porque cuando una persona acumula conflictos con periodistas, actores, productores, políticos y excompañeros, tal vez el problema no esté siempre afuera.
Tal vez el problema está en el espejo.
Mientras tanto, yo seguiré haciendo lo que he hecho durante décadas: ejercer mi trabajo con libertad, con frontalidad y con absoluta convicción.
Porque si algo quedó claro esta semana es que la verdad, tarde o temprano, termina imponiéndose.
Y esta vez, la verdad le ganó al poder.