1. Giro energético. El fracking vuelve a la conversación oficial, aunque con otro discurso. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a explorar su viabilidad para reducir la dependencia del gas importado desde EU, gobernado por Donald Trump, pero condicionó cualquier proyecto a estudios científicos y salvaguardas ambientales. El comité de especialistas descartó zonas sensibles como Tampico-Misantla y concentró la mirada en Burgos y Sabinas-Burro-Picachos. La apuesta es seguridad energética sin repetir viejos costos ambientales. Extracción “responsable” a la hora de perforar. Nada más.
2. Eje sur. Mientras la relación con Washington concentra reflectores y sobresaltos, la diplomacia mexicana fortalece otro frente. Roberto Velasco encabezó en Brasil, gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva, la Comisión Binacional con la mira puesta en ampliar la cooperación política, energética, comercial y tecnológica. La alianza entre Pemex y Petrobras, el acercamiento con empresarios brasileños y el reconocimiento a Brasil por representar los intereses de México en Perú, revela una estrategia de diversificación. En un entorno internacional incierto, diversificar alianzas deja de ser un gesto diplomático para convertirse en una necesidad estratégica.
3. Orden y legalidad. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, puso las cosas en claro: en México no existen las llamadas “escuelas militarizadas” porque esa figura no está prevista en la ley ni es compatible con la Nueva Escuela Mexicana. La SEP abrirá un proceso de revisión para que los planteles que operan bajo este esquema eliminen esa presunta educación militarizada y privilegien una formación basada en no violencia, valores cívicos, cultura de paz y respeto a las infancias. El objetivo es garantizar que todas las escuelas operen dentro del marco legal. No más casos como el de Dafne.
4. Eslabón. Ayotzinapa siempre tuvo responsables visibles, pero una ausencia incómoda. El municipio quedó representado por José Luis Abarca; la Federación, por Jesús Murillo Karam. Guerrero parecía haberse escapado de la fotografía judicial. Ya no. La detención de Ángel Aguirre coloca, por primera vez, a un exgobernador en el centro de las acusaciones por el presunto ocultamiento deliberado de pruebas. Según la FGR, no se trató de errores administrativos, sino de una decisión política para borrar evidencias que podían cambiar el rumbo de la investigación. La justicia llega tarde. Ahora falta que la verdad llegue completa.
5. Instalados. Mientras el caso Hernán Bermúdez sigue desdoblando nombres, el Grupo Tabasco mantiene presencia en el Senado. María Luisa Somellera, exsecretaria particular de Adán Augusto López en el gobierno estatal, hoy encabeza la Unidad de Operaciones Financieras del Senado. Su esposo, José Antonio Álvarez Macías, fue el responsable de certificar a los policías tabasqueños durante el periodo en que La Barredora infiltró corporaciones de seguridad. No hay acusaciones en su contra, pero las coincidencias ya forman parte del escrutinio. En las redes de poder, los organigramas también hablan.