El Inai y el medio ambiente (derrame ríos Sonora y Bacanuchi)

Y, naturalmente, las autoridades competentes deben ponerla a disposición en los portales institucionales y, ante reclamos específicos, entregarla a quien que la solicite.

Recientemente, el Pleno del Inai resolvió instruir a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) buscar y dar a conocer los estudios de impacto ambiental y de seguimiento, realizados hasta el pasado noviembre del 2017, como consecuencia del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurrido el 6 agosto de 2014.

Cabe recordar que dicho derrame provino de las actividades de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México. El percance alcanzó el arroyo Tinajas, el río Bacanuchi y el río Sonora, que alimentan la presa El Molinito; implicando una zona potencialmente afectada de 271 kilómetros, por lo que se cerraron 322 pozos y norias, así una zona de 500 metros al margen del río Sonora. La contingencia ambiental y sanitaria generada por el derrame de sulfato de cobre afectó siete municipios y una población aproximada de 24 mil habitantes; considerada por algunos como el mayor desastre ecológico en la historia de la minería en México. El derrame provocó concentraciones de metales que superan las normas nacionales e internacionales en alimentos, a saber, arsénico y plomo en lácteos, y cadmio en frutas y vegetales. Asimismo, se detectaron en concentraciones mayores, arsénico y plomo en especies de roedores; cobre en diversas especies de carnívoros y zinc en especies de aves.

El Sujeto Obligado (Cofepris), en un primer momento, negó al solicitante tener la información requerida, a pesar de participar en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el estado de Sonora.

Unidad creada con la finalidad de realizar un seguimiento epidemiológico y ambiental a mediano y largo plazo a través de diversos trabajos tales como el saneamiento básico, dentro del cual se efectúan, entre otras acciones, la vigilancia de alimentos y el monitoreo de pozos por causa del derrame señalado.

Aun y cuando la Cofepris pudiera no tener injerencia en materia de medio ambiente, sí cuenta con estudios e investigaciones que dan cuenta tanto de la calidad del agua como de los alimentos afectados, en razón del referido derrame, información que encuadra como información de carácter público, motivo por el cual es susceptible del escrutinio público.

Por lo anterior, el Pleno del Inai revocó la respuesta de la Cofepris y le instruyó realizar una nueva búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas, sin omitir a la Comisión de Fomento Sanitario y a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, y entregarla a la particular en los términos referidos.

Asuntos como éste nos permiten advertir la importancia y, en consecuencia, el crecimiento exponencial que adquiere día a día el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en México, en tanto se comprueba su utilidad concreta. Cuanto más y mejor informados estemos como población, tendremos mayores posibilidades de participar e incidir en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de desarrollo en beneficio común, en este caso, en relación al medio ambiente.

El derecho de acceso a la información pública respecto de contingencias ambientales o situaciones de desastre natural ayuda a elevar conciencia cívica en previsión y prevención de fenómenos o accidentes y a la vez muestra el camino para la reparación y superación de las crisis humanas que rodean estos lamentables incidentes.

Los recursos naturales, la biodiversidad que hacen de México un paraíso en permanente riesgo, no son propiedad exclusiva de los mexicanos, son bienes de un patrimonio universal estén o no declarados como tales.