La destrucción de la democracia en Nicaragua se ha venido acelerando de manera descarada en los últimos meses. Con la indiferencia de la comunidad internacional, la pareja Ortega-Murillo ha construido un régimen autoritario con control absoluto de los poderes del Estado, la persecución, encarcelamiento o exilio de líderes opositores, el cierre de medios de comunicación independientes y, ahora, la eliminación de cualquier tipo de elecciones libres.
Este proceso de putrefacción política no ha sido súbito. En 2018, el gobierno llevó a cabo una represión violenta de manifestaciones civiles pacíficas que dejó más de 325 muertos y marcó un punto de no retorno para el desmantelamiento de todo tipo de libertades cívicas y sociales.
Previo a las elecciones generales, el régimen ejecutó arrestos masivos de precandidatos presidenciales, líderes sociales y activistas, asegurando la permanencia en el poder sin competencia real. A través de reformas constitucionales y electorales se eliminó la posibilidad de alternancia en el poder.
En esa tesitura, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, borró de plano el pasado domingo la posibilidad de realizar nuevas elecciones en el país, con el objetivo explícito de cerrarle el paso a la oposición, que desde hace años denuncia elecciones fraudulentas y falta de libertades civiles.
El mandatario afirmó que los opositores están “agazapados”, la mayoría en el exilio.“Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales (ganar dinero) con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones, para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”, indicó durante un acto en Managua en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista.
Ortega, un exguerrillero de 80 años que gobierna desde 2007, anunció que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, trabajará para la aprobación de “leyes para que le pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatria”.
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre, pero las absurdas reformas constitucionales (criticadas en su momento por la ONU, la OEA y la oposición) que entraron en vigor a inicios de 2025 ampliaron a seis años el periodo presidencial, por lo que, en teoría, los próximos comicios serían en noviembre de 2027.
Con razón, el colectivo Nicaragua Nunca Más, que trabaja desde Costa Rica, denunció que el gobierno ha despojado a la sociedad civil de todos sus derechos.“El Frente Sandinista (FSLN) se ha convertido prácticamente en un partido único, sin oposición real dentro de Nicaragua”, dijo Salvador Marenco, coordinador de la organización.
Cómo lo declaro a CNN Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU): “cada día más se afianza la idea de que Nicaragua se está convirtiendo en una Corea del Norte poco a poco, un país aislado, violador de derechos humanos, con una dinastía familiar instaurada y militarizada”.
BALANCE
Durante años, Managua sostuvo una troika con Caracas y La Habana. Sin embargo, la súbita caída de Nicolás Maduro y las tribulaciones crónicas de Díaz-Canel han dejado cada vez más aislada a la dictadura nicaragüense, que milagrosamente ha logrado sobrevivir gracias a su bajo perfil y al desinterés de los gobiernos de la región en la restauración de la democracia en ese pequeño país centroamericano.
La dictadura se ha “certificado” a través del mensaje explícito de Ortega, dejando claro que no habrá manera de que haya un cambio en Nicaragua de forma democrática y pacífica. El sátrapa y su esposa esperan morir en el poder y que el FSLN se eternice gobernando. En tanto, siete millones de nicaragüenses se las arreglan para sobrevivir en una “dictadura certificada”.