Aunque en los discursos oficiales México y Estados Unidos se llaman socios y aliados, desde la campaña presidencial de 2016 en nuestro vecino del norte los términos de relación cambiaron drásticamente, colocando a nuestro país en un permanente “banquillo de los acusados”.
Estados Unidos, impulsado por la postura del secretario de Comercio, Howard Lutnick, mantiene aranceles de 25% a automóviles mexicanos y de 50% al acero y aluminio, lo que ha frenado las negociaciones para un acuerdo bilateral de reducción de gravámenes.
En días recientes, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, aplicó sanciones financieras contra cuatro individuos y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN).
El centro neurálgico de la red es el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo y controlado por el CDN bajo supervisión de los liderazgos vinculados al Z-40. La investigación reveló que este entramado empresarial no sólo blanqueaba capitales, sino que intervenía directamente en la vida política y económica de la frontera.
Como ha sucedido de manera reiterada cuando se producen este tipo de acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió pruebas concretas, afirmando que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene acreditados los vínculos con el Cártel del Noreste (CDN) al que EU atribuye a una red de empresas acusadas de lavado de dinero.
Al igual que en los casos de Rocha Moya e Inzunza, ante la disputa planteada, Sheinbaum dobló la apuesta: “Lo que hemos dicho siempre, denos las pruebas de por qué dicen que están vinculados con organizaciones delictivas. Porque una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada”.
En un súbito giro, que generará múltiples reacciones en los Estados Unidos, la Fiscalía de Chihuahua, entidad gobernada por el PAN, detuvo en primera instancia al extitular de esa dependencia, César Jáuregui, por “omisión en la cadena de mando” e “incumplimiento de protocolos” en el operativo del 17 de abril en la Sierra Tarahumara donde participaron agentes de la CIA.
Tras la captura ocurrida en la capital del estado, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, indicó que Jáuregui, quien ya se encuentra detenido en el Penal del Altiplano, ahora por la posible comisión de delitos federales, además será acusado de “traición a la patria” por haber “permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional en acciones que sólo corresponden a las fuerzas federales”, lo que “atenta contra la soberanía y la integridad de la nación”.
La disputa entre los dos países ahora ha escalado al terreno de la política nacional. La detención de Jáuregui causó un cisma en el panismo de Chihuahua. El acusado se había manifestado en desacuerdo con el gobierno estatal y expresó su interés de ser candidato a la alcaldía de la capital estatal, asunto que era desaprobado por la gobernadora Maru Campos.
BALANCE
A cada negativa de cooperación por parte de México, Trump seguirá doblando la apuesta. En plana campaña por al renovación del Congreso, el inquilino de la Casa Blanca lo volvió a decir: “Estamos trabajando con México, pero, desafortunadamente, los cárteles gobiernan México”.
Y como propina, unos días después, en un mitin en Kentucky, un recordatorio de parte de Trump: “México pagó el muro fronterizo con Estados Unidos con las tarifas arancelarias impuestas. Decían que México no construyó el muro, que México no pagó. México sí pagó, pagaron tarifas masivas, mucho más que el costo del muro”. Esta disputa es un cuento de nunca acabar.