La conclusión de la FGR de que no existen evidencias en contra de Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses, acusados por EU de pactar con Los Chapitos, fortalece las sospechas de que el régimen los protege.
Peor aún. El interrogatorio que la Fiscalía le hizo al todavía gobernador con licencia de Sinaloa fue reservado por cinco años, con el argumento de que hay riesgo no sólo para las líneas de investigación, sino a sus derechos humanos.
Una bofetada a la transparencia.
Es lo que refleja el análisis de las reacciones de los mexicanos en redes sociales sobre la postura de la Fiscalía, realizado por Dinamic, el primer software especializado en la conversación digital. El análisis dice que 37% cuestionó la transparencia de la FGR y criticó la decisión de mantener reservado el expediente de Rocha Moya.
30% especuló sobre el paradero del gobernador con licencia; y exigió esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
29.5% analizó las posibles acciones de EU por la protección que les brinda el régimen al gobernador con licencia y a sus secuaces. La preocupación apunta a la inversión y el T-MEC.
Sólo 3.5% respaldó la reserva temporal para proteger las investigaciones en curso y defendió el sigilo procesal.
Es pertinente recordar que EU presentó una acusación formal ante un gran jurado federal (Distrito Sur de Nueva York), contra Rocha y secuaces.
Los cargos son graves: conspiración para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, recibir sobornos y dar protección al cártel, a cambio de apoyo electoral en 2021.
Los señalamientos incluyen supuestas reuniones específicas (durante la campaña y poselectorales) y acuerdos para controlar a la policía estatal.
Pidió la detención provisional de los señalados, con fines de extradición. La FGR dice que el caso no alcanza el “parámetro probatorio mínimo” mexicano para detención provisional con fines de extradición.
Aquí caben las preguntas:
¿Por qué un sistema judicial con más recursos y cooperación internacional (DEA, FBI) tiene elementos que México no considera suficientes? ¿La FGR está aplicando un estándar más alto de lo habitual en casos de alto perfil político?
La Fiscalía de Ernestina Godoy ha sido criticada por opositores por su lentitud y sesgo en casos que involucran a aliados del gobierno. La narrativa de “no hay pruebas” choca con la gravedad de las acusaciones estadunidenses, que incluyen detalles operativos del cártel.
* En el Senado ya hubo reacciones tras la decisión de la FGR de mantener bajo reserva hasta 2031 el interrogatorio de Rubén Rocha Moya.
El senador de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, presentó una iniciativa para frenar el uso indiscriminado de la figura de la información reservada.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el legislador señala que busca evitar la discrecionalidad.
Del tema de la reserva hablamos con Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Nos dijo: “Es la opacidad terrible de un régimen que se ha especializado en blindar toda la información y entorpecer la transparencia. Lo están aplicando en este caso.
* Le caló hondo al senador de Morena Gerardo Fernández Noroña que su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, haya descartado la posibilidad de qué se reelija como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta.
Así reaccionó en un video: “El señor coordinador, senador Ignacio Mier Velasco, hoy declara que no. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea que si yo participo y saco un voto pues ya, no tengo apoyo, pero…
Se rascó la nuca antes de proseguir: “Sí lo voy a decir, cómo se atreve, porque además puede hacer su tarea. Hablar con uno y otro (aspirante) ya fuiste, ayúdanos…”.
El miércoles, en entrevista banquetera, el senador Mier fue interrogado sobre si Noroña tenía posibilidades de reelegirse en ese cargo. Respondió: “No. Yo creo que somos un grupo de 67 por parte de Morena, también tenemos que buscar el consenso, el acuerdo con nuestros aliados”.
* Nos llegó una queja de transportistas de Oaxaca. Están inconformes con el Centro SICT (oficina de representación territorial de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes). Dicen que es una “institución ausente”.
“Los problemas se acumulan. La permanencia del ingeniero Gilberto Hernández Morales al frente del Centro SICT Oaxaca debe ser revisada con seriedad”, dice la queja.
Aseguran que su gestión no ha logrado responder a las expectativas ni resolver los problemas que competen a la institución. Las evaluaciones de los estándares de desempeño lo han reprobado.
“Corresponde al secretario (federal) Jesús Esteva tomar una decisión en beneficio de Oaxaca, que necesita un Centro SICT que dialogue, atienda, resuelva y actúe con imparcialidad”, puntualiza.