El juego del muerto

Hay una ambivalencia en el hecho de que el Ejército asuma tareas de seguridad propias de la policía. Por un lado, están los que manifiestan sentirse más seguros cuando ven soldados en algún retén carretero de rutina, por ejemplo. Pero por el otro, están los ciudadanos que, por experiencias directas o indirectas, les provoca temor toparse con elementos de las Fuerzas Armadas debido a los abusos de autoridad y detenciones ilegales que suelen cometer.

En ese escenario existe una sola certeza: llevamos sexenios con grietas en el tejido social, producto de la violencia generada por el crimen organizado que, asimismo, hace tiempo se toma el café en los despachos de las instituciones responsables de combatirlo. Entendería que el deterioro institucional llevó al presidente López Obrador a cambiar de parecer respecto a su promesa de campaña de regresar al Ejército a los cuarteles. Sin embargo, no han sido pocos los esperpentos en materia de procuración de justicia en lo que lleva la presente administración. En ese sentido, quizás, no sean iguales, pero es evidente que los resultados resultan similares que los del pasado reciente, al menos.

Convengamos, pues, que ha sido dificilísimo dar con estrategias exitosas para la protección ciudadana. El desafío es mayúsculo, ello sin mencionar los documentos e información que han salido a la luz, en dosis diarias y bien cargadas, producto de los Guacamaya Leaks. Con el Ejército como protagonista primario y último se avecina una gran época para los especialistas y académicos.

Efectivamente, llegamos al punto en que la violencia es un severo problema de salud pública. Las estadísticas sobre el deterioro en la calidad de vida dejan helado a quien las consulte. Nuestro país entró en un perverso juego del muerto.

Claudio Alberto Dávila Cervantes, investigador en la FLACSO, registra que México ha presentado un incremento “epidémico” de la mortalidad por homicidios durante las décadas recientes. De entrada, dicho aumento lo atribuye, entre otros, al momento en que el gobierno federal inició, a finales de 2006, la guerra contra el narcotráfico.

Esa política, observa Dávila Cervantes, “generó una escalada de violencia que se caracterizó por un recrudecimiento de las confrontaciones entre grupos criminales, así como entre estos últimos y las fuerzas militares y policiales. Estas intervenciones también modificaron las rutas del tráfico de drogas utilizadas por los cárteles, lo que provocó una propagación de la violencia a municipios vecinos. De igual forma, se ha asociado con la expiración de la Prohibición Federal de Armas de Asalto de EU, en 2004, que facilitó la disponibilidad de las armas de fuego semiautomáticas para las organizaciones criminales mexicanas. Asimismo, se ha asociado con la democratización política del país, ya que la alternancia provocó que se rompieran los acuerdos clandestinos entre los oficiales del gobierno corruptos y las organizaciones criminales (en “Espacialización de la violencia en México. Análisis de la mortalidad por homicidios a nivel municipal 2005-2020”, disponible en América Latina: Seguridad y violencia México y los espacios urbanos, Universidad Mexiquense de Seguridad, 2022, 269 pp.).

Con semejantes panoramas, ¿qué nos espera con la militarización de la seguridad pública? ¿Percibirán los ciudadanos de a pie cambios notables en el corto plazo? ¿Qué hay de la participación ciudadana en ese marco? ¿Qué tipo de controles habrá en el sistema penitenciario, de cuyos centros salen instrucciones para los delincuentes que caminan por las calles?

En este asunto son demasiadas las interrogantes y no estaría seguro de que tendrían una respuesta honesta de parte de las autoridades competentes. A estas alturas, la paz y la tranquilidad son meros deseos.