Derecho de piso y derecho a la vida

A los cuerpos colgados en puentes de Zacatecas o la masacre de San José de Gracia, por mencionar sólo dos casos de los meses recientes, se le suma ahora el cobarde asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la sierra Tarahumara. El nuevo gran capítulo de violencia mexicana, noticia que le dio la vuelta al mundo, nos ha estrujado el corazón.

Hay mil y una maneras para explicar ésas y demás atrocidades, pero si se tiene el valor de examinarlas, como se tiene la saña para cometerlas, el mismo coraje habría que demandarles a las autoridades competentes a la hora de investigar caso por caso y castigar a los responsables.

Bien podrían iniciar las fuerzas del orden en atacar el derecho de piso, lacra que alcanzó niveles insospechados.

Hace unos días, por ejemplo, el crimen organizado dejó sin pollo a Chilpancingo, donde cerraron la mayoría de las pollerías. Más que sonar absurdo, suena a distopía. Se trata, por desgracia, de una brutal realidad. Ocurre que “un comando armado atacó una granja de pollo en la comunidad de Petaquillas y asesinó al dueño, a su hija —una menor de 12 años— y a cuatro trabajadores. Otros dos empleados quedaron heridos” (El Universal, 14/6/2022).

Expertos bien informados aseguran que, en el caso de los comercios, esta situación se debe a que dueños y empleados de los locales son obligados a colaborar con los delincuentes. Esto mediante la venta de droga en esos pequeños negocios o la distribución de aquélla a través de sus repartidores, ya sea que éstos anden en motos o bicicletas. Y ante la negativa llueven los balazos.

Como sea, queda pendiente observar las tendencias recientes en materia de adicciones a las sustancias ofrecidas por la delincuencia, a las que le deben dar salida, en Chilpancingo, en todo Guerrero y en cualquier entidad.

Los empresarios gasolineros tampoco ven la suya. Algunos de ellos pagan hasta 100 mil pesos al mes por derecho de piso, pérdida a las que se agregan los asaltos en los establecimientos y el robo de pipas. “Algunos sectores, como el del gas LP y de partes eléctricas, aseguran que se ha agudizado de manera importante el nivel de inseguridad y las extorsiones por parte de los delincuentes, lo que incluso podría derivar en el desabasto de productos y servicios en algunas zonas del país” (Excélsior, 20/6/2022).

Y esto no se ve para cuándo tenga fin. La extorsión, que provocó la referida escasez de pollo en Chilpancingo y del aguacate y el limón en Michoacán, ya rompió récords. “De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cinco meses de este año sumaron 4 mil 673 víctimas de este delito en las 32 entidades, lo que significa un aumento de 28.8% en comparación con el mismo periodo de 2021 (El Universal, 21/6/2022)

El crimen organizado ha azotado, torturado, desaparecido y matado con una saña digna de las dictaduras militares que persiguen a sus ciudadanos por sus ideas, no por sus maneras de ganarse la vida honradamente. Sin embargo, pagar derecho de piso es anular el derecho a vivir. Es respirar con una bota al cuello. Minuto a minuto representa pura angustia. Es pasar las noches sin dormir. Y un pasaporte a la muerte: 121 mil víctimas por homicidio, según los registros hasta mayo.

Por desgracia, no hay novedad. Con los datos duros en la mano y el miedo a flor de piel, en México el terror es cosa cotidiana. Nada de abrazos. Escribió en sus días Lorenzo de Zavala (1788-1836), ni mandado hacer para los que corren:

“Concluimos con que en nuestra opinión, ni la experiencia en cabeza ajena y en la propia, ni el número ni la clase de delito, ni la calidad de los delincuentes, ni la opinión pública justifican la amnistía que se pretende...”.