Política y violencia

                El género humano se queja sin razón de

                su naturaleza, de que siendo débil y de duración corta,

                sea regida por el azar más bien que por la virtud.

                Salustio

Tiempos violentos: la ejercida en contra del Poder Judicial de la Federación desde el régimen anterior y continuada en el actual; un ataque sin precedentes en la democracia republicana, una reforma constitucional sin escrúpulos por un “poder constituido”, espurio y dominante, merced a una mayoría avasalladora que interpretó a su conveniencia las reglas electorales que se refieren a la representación legislativa “plurinominal”.

Suponiendo que la conformación bicameral del Poder Legislativo hubiese sido de acuerdo con la legislación aplicable, aún así… “no le concede razón a quien obtuvo más votos, sino en virtud de la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones y reducir (no aplastar) a las minorías que están en desacuerdo con la mayoría, la voluntad colectiva de la mayoría no es una dictadura, sino el resultado de la influencia recíproca de mayorías y minorías, la justicia constitucional es fundamental para preservar el compromiso entre mayorías y minorías; la Constitución debe ser protegida porque representa la estabilidad del Estado”: Hans Kelsen, Esencia y valor de la democracia.

La reforma constitucional del Poder Judicial, violencia innecesaria, contraria al espíritu del Constituyente de 1917, con fórmulas rechazadas en la propia Carta Magna en sus orígenes. Reducirla a un catálogo de delitos de manera atrabiliaria, ignorante y avasalladora, destruir órganos autónomos constitucionales y demás aberraciones, desestabiliza al Estado y constituye una violencia política en la que prevalece la ausencia de la ética, la razón y el conocimiento, dichas medidas que no son instrumentos apropiados para combatir las distintas expresiones de violencia. Tiempos violentos que exigen más que nunca una política de Estado que proteja a la sociedad civil y que se nutra de ética, racionalidad y legalidad.

Ignominiosa anulación del Comité de Evaluación del PJF, que establecía de manera rigurosa los requisitos para lograr los mejores perfiles especializados para la tan delicada y necesaria administración de justicia. Resulta inconcebible que una ministra de la Corte reproche el cumplimiento, por parte de este comité de las suspensiones otorgadas por jueces de amparo y aplauda la decisión de un tribunal de menor jerarquía (TEPJF) respecto de la SCJN, a la que corresponde resolver las diferencias de criterio, como máximo intérprete de la Constitución (artículo 99 constitucional).

Más ignominioso aún que sea la Cámara de Senadores la que se arrogue (sin ningún sustento jurídico) las facultades que a dicho comité le correspondían, cuando los Comités de Evaluación del Legislativo y del Ejecutivo han caído en franco desacato de la Ley de Amparo con absoluto extravío de responsabilidad política, pero todavía más grave la insaculación o sorteo al dejar al azar la posibilidad de ser votados los mejores candidatos, con un terrible rompimiento del orden constitucional. De los seleccionados, por “Birjan” (por tómbola) como candidatos a ministro de la SCJN, sobresale uno de ellos como un gran constitucionalista.

La violencia brutal interna, asesinatos de menores frente a sus progenitores recientemente, nos habla de bestialidades que son imposibles de aceptar por una sociedad que vive con miedo, temor fundado, desconfianza y hasta terror, lo que se suma a la violencia “en todas sus expresiones” que vienen del gobierno, socio y vecino del norte.

La posición de México ante Estados Unidos es históricamente conocida con acontecimientos como la intervención en el siglo XIX con la subsecuente pérdida de una gran parte del territorio, narcotráfico un tema central de la relación bilateral; el T-MEC, las relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua y el tema migratorio que ha provocado un enfriamiento en las relaciones diplomáticas y las presiones que se vislumbran en el horizonte fronterizo.