¿Fuero o impunidad?

La inseguridad y el delito, que actualmente vivimos,

han generado incertidumbre en nuestras vidas.

Los tiempos actuales colocan a prueba nuestra resistencia

y tolerancia ante la violencia, donde el miedo es una

emoción constante por la percepción de peligro.

                Doctor Ricardo Sodi Cuéllar

Una semana más, inmersos en una cadena perversa: corrupción-violencia-impunidad; el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el rancho De la Vega a sólo 26 km., de distancia y, otros más en otras partes de la República; barbarie con la que se han cometido las peores atrocidades imaginables, en contra de jóvenes que buscaban un trabajo digno.

Vergonzoso espectáculo del senador Gerardo Fernández Noroña, dueño de la negación que se mezcla entre la mentira y el cinismo y que pretende desdibujar su conducta de derroche, apartada de la “austeridad republicana” que pregona.

El artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Éste es el verdadero sentido del fuero expresado por el constituyente.

Al respecto algunos criterios del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, p.j./37/96 de rubro “controversias constitucionales. Fuero, concepto de”:

El fuero es un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos.

No es lo que en la teoría del delito se llama excluyente de responsabilidad, que impediría, en todo caso, que la figura delictiva llegara a constituirse, sino un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional. Por tal razón, la circunstancia de que un servidor público esté provisto de inmunidad no imposibilita que se lleve a cabo la integración de la Carpeta de Investigación correspondiente a fin de determinar si la conducta que se le imputa constituye o no algún delito.

Debe puntualizarse que la declaración de procedencia no prejuzga sobre la culpabilidad del servidor público, sino que sólo se limita a hacer una exposición que establece la probable existencia de un delito, así como la probable responsabilidad del imputado y, la consecuencia es poner a disposición de la justicia al probable responsable, para que sea un juez del Poder Judicial quien decida sobre su culpabilidad.

Vergonzoso también el espectáculo que protagonizaron diputadas y diputados del oficialismo y la oposición (quid pro quo) para desechar la petición de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, por la Fiscalía de Morelos, bajo la acusación de violación en grado de tentativa.

Lo que no implica que la investigación se interrumpa. Convocada por colectivos feministas y activistas para hoy, una marcha en la Ciudad de México exige el desafuero de Blanco.

Cabe mencionar que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer señala que la violencia hacia la mujer es una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que limita total o parcialmente su goce o ejercicio; esto es, la violencia contra la mujer incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad, por lo que el Estado también es responsable de los actos de violencia contra las mujeres perpetrados por particulares en tanto no adopte medidas con la diligencia debida para impedir la violación de derechos…

Mañana arranca el periodo de campaña para el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Reforma judicial plagada de vicios e irregularidades  que han provocado la duda de su legitimidad dentro y fuera del país; en lo internacional concluye la semana con la amenaza de Trump de imponer nuevos aranceles para la industria automotriz mexicana.