Legalidad y paz social

Quien me insulta siempre, no me ofende jamás

                Víctor Hugo

Lejos está el general secretario de querer “chantajear” a nadie, como lo han escrito plumas aviesas y egoístas que enarbolando la bandera de la libertad de expresión dan rienda suelta a sus particulares intereses sin importarles que en su falaz ofensa pretendan vulnerar valores republicanos, esenciales para el Estado mexicano: La defensa de la vida y posesiones de sus habitantes, el respeto a la soberanía y de manera integral la seguridad interior de la nación. Pretensión por demás ociosa, pero de suya injusta y maliciosa.

No es la primera vez que estas campañas de desprestigio ocurren, cualquier pretexto resulta oportuno para dar cauce a los intentos del desprestigio, que desde luego no encuentra, ni encontrará eco en la sociedad civil; el ataque a nuestras instituciones republicanas encuentra siempre respuesta en el honor y lealtad de los soldados y marinos prestos a defenderlas, la sociedad entera en sus diferentes sectores lo sabe, lo reconoce y lo exige.

Las declaraciones del general secretario (hombre de armas, pero también de leyes, no resulta desconocido su trabajo constante y consistente en la formación y educación superior de militares en las diversas ramas de la ciencia jurídica) no buscan otra cosa que adecuar y fortalecer el régimen legal de sus actuaciones en un tema de la mayor relevancia para nuestro país: mantener el orden y la seguridad interior.

La actuación de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad interior se ha dado dentro de nuestro orden jurídico, desde la Constitución general, leyes secundarias y la misma hermenéutica jurídica de la Suprema Corte de la Nación, que ha dado luz a la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas para actuar en materia de seguridad pública, sujetas al mando civil que ejerce, de acuerdo con la Ley Suprema, el Presidente de la Republica, pero no podemos negar que esta actuación las ha situado en condiciones de desigualdad; lo que hoy se busca es dar fortaleza y claridad a esta vigente necesidad en su referencia jurídica, propugnando en todo la igualdad frente a la ley para los soldados y marinos de la Republica. De ahí la importancia de los trabajos legislativos (La igualdad social de los hombres ante la ley; la República debe gobernarse por el principio de la virtud, el amor a la patria y la igualdad. El Espíritu de las leyes: Montesquieu) ya en marcha, para que se otorguen garantías y derechos inherentes a todo ser humano sin excepción, a quienes día a día resguardan la seguridad de la nación con honor y lealtad.

Los Estados modernos conciben dentro del concepto de seguridad nacional, la seguridad pública, económica, política, ecológica y de protección civil, como política de Estado. Es decir, una política integral que haga viable y sustentable a la nación-Estado manteniendo las condiciones propias de la democracia, gobernabilidad, estabilidad económica, política y social, en suma la integridad del Estado soberano, garantizando “la legalidad y la paz social”.

Esas voces malintencionadas o ignorantes que piden el regreso a los cuarteles del Ejército y la Marina soslayan el hecho de que si bien es cierto que ha habido importantes avances, seguimos arrastrando un gran rezago en el proceso de evaluación y profesionalización de las policías, y los números de este rezago son datos duros que hacen impensable por el momento la salida de los militares de las calles, baste mencionar que existen más de 500 mil elementos en el país que deben ser sometidos a exámenes de confianza y que aún en los casos de cumplimiento del perfil que requiere el cargo, se precisa reevaluarlos periódicamente: ¡el reto es enorme!

No se trata de militarizar la seguridad pública, pero cuando esta obligación fundamental del poder público no logra garantizar el desarrollo social, y este desarrollo está en riesgo por los vacíos que existen, también se pone en riesgo la seguridad interior y es ahí donde tiene que existir una contención eficaz, con capacidad de respuesta suficiente al fenómeno brutal de la delincuencia.

Como si esto fuera poco la delincuencia organizada, cada vez más sofisticada, despliega un perverso ingenio en contra de la sociedad, avituallándose con armas propias para la guerra, que obtienen sin mayor esfuerzo.

APOSTILLA.— Con motivo del Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016 en la CDMX, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, destacó: “Trabajar para garantizar a todas y todos los mexicanos un efectivo acceso a la justicia”.

Los soldados de tierra, aire y mar lo merecen cumplidamente.