Verdades a medias

“Nosotros queríamos llegar hoy, 26, con algo más. Entiéndanos, ya seis años y no tenemos nada”, dijo María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

María le habló al Presidente de la República en nombre de los familiares de los jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que fueron agredidos, torturados, heridos, asesinados y desaparecidos esa noche en Iguala. “Queríamos llegar a algo más y pues no hay nada. Para nosotros como madres es desesperante”, dijo.

También la escucharon los otros padres y madres, los mismos que cargan desde hace seis años las fotografías de sus hijos. Ayer esos rostros impresos en pancartas también estaban en Palacio Nacional, donde se presentó el informe.

“¿Cuándo le van a llegar a los militares?, cada día que pasa nos desespera, salimos y regresamos a casa con las manos vacías”, expresó María. En su rostro se reflejaba hartazgo y decepción, los mismos sentimientos que se podían apreciar en los padres y madres de los normalistas, quienes escucharon los informes de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y del fiscal general Alejandro Gertz Manero.

“Hemos tenido que caminar gritar y exigir... Si no les gusta vernos en la calle, pues entréguenos lo que queremos...”, reclamó María.

Justicia y verdad es lo que quieren. ¿Dónde están?, ¿qué pasó?, ¿quiénes son los responsables?, y que se castigue con la ley. Pero ese clamor no es exclusivo de los padres de los normalistas, es la exigencia de los familiares de los más de 73 mil desaparecidos en México, de los colectivos de mujeres que buscan a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas o madres.

Los padres y madres de los 43 jóvenes despertaron el valor en los familiares de los “otros desaparecidos”, quienes empezaron a denunciar las ausencias de sus hijos o hijas, como lo documentó nuestra compañera periodista Claudia Solera al recoger los testimonios de las mujeres de Guerrero que empezaron a buscar a sus seres queridos (Excélsior 22 y 30 de noviembre de 2014).

Cada que encontraban una fosa o restos humanos había esperanza, “para otros puede ser una desgracia, el que no fueran los cuerpos de los normalistas, pero para nosotros puede ser una buena noticia”, le dijo Mayra Vergara a Solera hace 5 años, cuando seguía buscando a su hermano.

A la búsqueda de personas desaparecidas se sumaron las familias de Veracruz, Oaxaca, Morelos y las caravanas migrantes, que se convirtieron en rastreadoras de fosas clandestinas, cerca de cuatro mil según Gobernación.

Hasta la fecha buscan en predios, parajes, basureros, cuevas, cementerios clandestinos y cocinas del terror, como también lo ha documentado la periodista veracruzana Violeta Santiago, en estas páginas de Excélsior.

“Las cocinas del terror son sitios habilitados por los criminales para destazar a sus víctimas y meterlas en tambos metálicos de 200 litros de capacidad. Ahí las disolvían en químicos o combustibles”. (Excélsior 21/02/20)

Del caso de los 43, a seis años, no hay una verdad, ni la “histórica” de Jesús Murillo Karam ni la “verdadera” de Encinas. Hay verdades a medias, según los informes de ayer: que los 43 estudiantes en ningún momento estuvieron juntos, que se habló con informantes, testigos, detenidos, vendedores ambulantes y con integrantes del crimen organizado; que a los jóvenes se les ha buscado también vivos y que se han explorado 217 puntos en Guerrero para la búsqueda.

Que sólo se han podido localizar los restos de tres estudiantes, a pesar de haber encontrado, entre 2014 y 2020, 245 cuerpos en fosas e identificado a 22 personas.

Que 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala; que los restos del Río San Juan se sembraron; que las cámaras de seguridad dejaron de funcionar, que los radios de las policías estaban apagados, que se ocultaron videos del Palacio de Justicia estatal de Iguala; que el Ejecutivo Federal fue el operador de una “verdad” para encubrir policías y autoridades federales coludidas con el crimen organizado y que Tomas Zerón —encargado de la investigación en la administración de Peña Nieto— cobró y se robó mil millones de pesos.

Se reveló también que el Ejército mexicano sí participó en la desaparición de los jóvenes.

Verdades a medias, incompletas. Padres y madres que escuchan informes con muchas palabras, cifras y enormes huecos. Promesas vacías y frases demagógicas: “La verdad histórica se ha colapsado”, “ruptura del pacto del silencio”.

María Martínez Zeferino terminó su intervención entregando al Presidente unas franelas, en las que se leía: “Por los 43 y miles más. No nos falle. Ayotzinapa”.

Y le dijo: “No es un regalo, es un mensaje para que no se olvide de nosotros, que cuando las vea se acuerde que nos faltan 43”.

Y cómo dice en esas telas, hay miles más de desaparecidos. El compromiso hoy es con esas familias, con la justicia, con México.