Justicia ciega

“La justicia es ciega”. Este lema, cuyo símbolo es una figura femenina con una venda en los ojos, que soporta una balanza en una mano y en la otra una espada, significa que la justicia no distingue entre las personas, se aplica de forma equitativa y con el mismo rasero. No hay privilegios.

 

La venda simboliza que no habrá favoritismo ni inclinaciones por nadie, que la justicia no se aplica ni se accede a ella según el estrato social, el poder adquisitivo, la condición, etnia o nivel de influencia. Letras muertas.

Pero claro que en México la “justicia es ciega”, sólo que la venda cubre la corrupción, vicios, transas, omisiones y favores que corren por los pasillos y sótanos de los tribunales.

El Poder Judicial se puso la venda no para ser justo ni para proteger los derechos constitucionales, legales y humanos del ciudadano mexicano, sino para ocultar los vicios y las prácticas de corrupción, nepotismo, favoritismo, discrecionalidad, enriquecimiento ilícito e influyentismo de sus juzgadores.

Ojos que no ven…

¿Llegó la hora de retirar esa venda? ¿Se hará de tajo o primero un ojo? Hay un ofrecimiento y compromiso del ministro presidente Arturo Zaldívar de sacar a los corruptos del Poder Judicial. Si la marcha no se emprende, el descrédito será mayor.

En su primer informe anual de labores (Excélsior, 12 de diciembre), el ministro Zaldívar habló de los vicios que debilitan al Poder Judicial frente a la sociedad y que lastiman su legitimidad. Prácticas que no quisieron ver, porque el ciudadano que acudió a los tribunales en busca de justicia, para que se reparara el daño y se castigara con todo el peso de la ley a los infractores fue testigo y nuevamente víctima, pero ahora de la corrupción judicial.

El ciudadano aprendió en los pasillos de los juzgados que con “mordidas” su caso sería atendido con prontitud —claro, dependiendo del monto del moche—, que si tenía contactos podría acceder a un juicio justo, que si compraba al juez su caso sería favorable, de lo contrario, sin dinero ni contactos, se quedaría fuera del amparo de la justicia y en el peor de los casos con su vida en peligro, pues vería a su victimario exonerado, libre.

Hay casos que demuestran que la corrupción en los jueces mata, como los tres que recordó Sonia Gerth en el texto titulado Las mujeres que la justicia no protegió, publicado en el portal de Cimacnoticias, (periodismo con perspectiva de género), y que retomo a continuación:

 

 

Abril, asesinada el 25 de noviembre

A pesar de las pruebas presentadas, el juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estimó que el acto violento cometido por el exesposo (golpes y batazos) no era una tentativa de feminicidio, como señaló la Fiscalía. Para el juez Federico Mosco González fueron únicamente lesiones y violencia familiar, por lo que el agresor fue liberado de la prisión preventiva, 17 días antes del feminicidio de Abril.

 

 

Mireya

Mireya Agraz Cortés en 2011 presentó la primera de tres denuncias por abuso sexual infantil contra sus hijos cometida por su entonces esposo, L. Olvera. Pese a los peritajes y testimonios de los menores de edad que confirmaban el abuso, dos juezas del Juzgado Familiar del Tribunal fallaron en contra de Mireya y le otorgaron la guarda y custodia al padre, argumentando la figura de “alienación parental". El 7 de junio de 2017, la policía encontró los cuerpos de Mireya, su hijo e hijas, quienes optaron por suicidarse antes de que ocurrieran más abusos sexuales contra los menores de edad.

 

 

Emma Gabriela

Ella vivió por más de 10 años violencia intrafamiliar. Cuando decidió divorciarse, su expareja, un alto funcionario tabasqueño, Alberto Medina Sonda, la acusó de maltrato.

Emma Gabriela fue detenida, golpeada y encarcelada por autoridades tabasqueñas sin motivo alguno, su exesposo aprovechó para sustraer a sus tres hijos. Emma comprobó su inocencia y su lucha para recuperar a los menores de edad duró más de 2 años. El 27 de marzo 2017 fue asesinada por dos sicarios contratados por Medina Sonda.

 

Estos tres casos son el rostro de las palabras que pronunció en su informe el ministro Arturo Zaldívar: “La corrupción judicial genera desigualdad, impunidad y perpetúa el círculo vicioso del crimen y la violencia".

Hoy exigimos que la limpia del Poder Judicial garantice la permanencia de jueces “honestos, valientes, preparados, en defensa de las atribuciones y competencias constitucionales y de los derechos humanos de las personas, contribuyendo a la gobernabilidad, la seguridad jurídica y el Estado de derecho.” Le tomo la palabra ministro presidente.