Sanción a Irán dentro del sistema de la ONU

Hace unas cuantas semanas se comentó en esta columna la manera como está integrada la Comisión de Naciones Unidas para el Estatus de la Mujer, organismo establecido desde 1946 con el fin de promover la igualdad de género y documentar la realidad de la vida de las mujeres alrededor del mundo. Uno de los principales objetivos fue desde entonces definir los estándares globales necesarios para avanzar en una agenda que tuviera en su centro el empoderamiento femenino. Se determinó que el citado organismo constaría de 45 países miembros electos para periodos de cuatro años por el Consejo Económico y Social de la ONU. Los nombramientos han sido asignados siempre por regiones, sin importar los antecedentes de cada uno de los países aspirantes en cuanto al trato que dan a sus mujeres.

Ha sido así que, en numerosas ocasiones, entre los 45 países integrantes de la Comisión, paradójicamente han participado naciones cuyo maltrato a las mujeres es la norma. Basta mencionar que hasta hace tres días Irán formaba parte de ella, debiendo terminar su periodo en 2026. Sin embargo, la feroz represión a las manifestaciones populares por la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral por su “inapropiado” uso del velo islámico o hijab, con su saldo de miles de personas aprehendidas, más de 450 muertos en las calles, además de dos ahorcamientos en la plaza pública, ha provocado que la representación iraní esté siendo expulsada de la Comisión justo ahora.

La iniciativa de expulsión fue impulsada por la vicepresidenta estadunidense, Kamala Harris, quien el 2 de noviembre pasado declaró: “Irán ha demostrado a través de su negación de los derechos de las mujeres y la brutal represión a su propio pueblo, que no merece servir en esta Comisión”. La propuesta de Harris fue así sometida a votación el miércoles pasado entre los países miembros del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que consta de 54 miembros. El resultado fue de 29 votos a favor de la expulsión, 16 abstenciones, y ocho en contra, a saber: Bolivia, China, Kazajstán, Nicaragua, Nigeria, Omán, Rusia y Zimbabue.

Desde luego, el enviado iraní a la ONU ha protestado ante el secretario general, António Guterres, argumentando que la maniobra de Kamala Harris representa un nuevo intento de Estados Unidos de explotar el sistema de la ONU en beneficio de su particular agenda política.

En este contexto de tanta tensión, es lógico que las negociaciones para revivir el acuerdo nuclear promovido por la presidencia de Obama y firmado en 2015 entre el G5+1 e Irán para desactivar el programa nuclear del país persa, hayan llegado a un punto muerto. La restauración de dicho acuerdo –anulado por Donald Trump en 2018– fue al principio del mandato presidencial de Joe Biden una prioridad, pero el curso que han tomado los acontecimientos desde entonces ha socavado tal aspiración. La invasión rusa a Ucrania y el papel de Irán como respaldo firme de las intenciones expansionistas de Putin, echaron por tierra la pretensión de volver a contener, mediante la diplomacia, las labores de enriquecimiento de uranio con fines bélicos llevadas a cabo por el gobierno de Teherán.

No cabe duda que el ascenso al poder en Irán en agosto de 2021 del presidente Ebrahim Raisi, conservador de línea dura, a quien se le atribuyen numerosos fusilamientos de “subversivos” en los tiempos iniciales de la Revolución Islámica a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, tiene mucho que ver con la obsesión oficial de restaurar la hegemonía absoluta del patriarcado mediante la marginación y el sometimiento de las mujeres hasta los extremos que estamos presenciando.

La relativa apertura experimentada durante los ocho años de presidencia del moderado Hasán Rohani, quien gobernó de 2013 a 2021, ha sido echada atrás por el actual régimen, destruyendo con ello las expectativas que se tenían de una moderación paulatina que permitiera atenuar la peligrosidad de las ambiciones hegemónicas del país persa. Lo que sucede hoy con el trato a sus mujeres no es casual; es una más de las facetas representativas de la naturaleza general de ese régimen teocrático y tiránico que en el nombre de Dios se autoriza a sí mismo a maltratar y despojar de derechos humanos básicos a la mitad de su población.