La interminable tragedia libanesa

En nuestros medios de comunicación muy de vez en cuando aparece información acerca de lo que pasa en Líbano. Al estar tan lejos geográficamente de nosotros, pareciera que no nos incumbe. Sin embargo, la profundidad de la crisis que vive el País de los Cedros merece ser conocida. Porque después de haber sido en el pasado un polo de desarrollo en el Medio Oriente, al grado de calificarlo como la Suiza de la región por su centralidad en los circuitos financieros, hoy los libaneses viven en medio de un mayúsculo caos en el cual el Estado de derecho ha desaparecido prácticamente.

Las escenas al respecto son reveladoras: el martes pasado en Beirut, numerosos cuentahabientes del sistema bancario realizaron marchas de protesta y plantones ante los bancos para reclamar por enésima vez la entrega de sus recursos. Hubo quema de llantas, bloqueos de calles e incluso destrucción de cajeros automáticos, lo mismo que un intento de irrumpir por la fuerza en una sucursal del Banco Audi a fin de recuperar los depósitos. Manifestantes se congregaron frente a la casa del primer ministro Najib Mikati, exigiendo que el gobierno asuma responsabilidad por ese desastre que no es nuevo, sino que viene arrastrándose desde 2019. Hoy el tipo de cambio oficial de la lira libanesa es de 15 mil por cada dólar, aunque en el mercado negro el dólar se intercambia por 97,400 liras. Los bancos argumentan falta de liquidez para cumplir con sus compromisos.

El aparato gubernamental está siendo incapaz de superar esta evidente disfuncionalidad extrema, producto de la corrupción, las intrigas, la pésima administración y la violencia. Desde hace más de medio año no se ha logrado designar a un presidente debido a los desacuerdos internos al respecto, mientras que el gobernador del Banco Central Libanés, Riad Salameh, enfrenta justo en estos días, una orden de aprehensión internacional bajo acusaciones de fraude, evasión fiscal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El contexto general es así, alarmante. Severa inflación, devaluación hasta de un 90% de su moneda, carestía, escasez alimentaria, de energía, medicamentos y artículos de primera necesidad. En consecuencia, la mitad de los libaneses viven hoy por debajo de la línea de la pobreza. Y ni qué decir acerca de los cientos de miles de refugiados de la guerra civil en Siria, cuya situación es aún peor.

Por supuesto que la crisis económica no puede desligarse de la política, ya que desde hace décadas el país no cuenta con un gobierno estable. Entre 1975 y 1990 padeció una devastadora guerra civil marcada por sangrientos conflictos interétnicos y religiosos, en la que además intervinieron múltiples actores externos que hicieron del territorio libanés una arena para medir sus fuerzas y hacer avanzar sus intereses. Desde el fin de dicha contienda, la estabilidad no se ha podido recuperar. Gobiernos van y vienen, pero el alto grado de corrupción reinante aunado a catástrofes derivadas de la negligencia y la irresponsabilidad –como el fatal estallido que destruyó el puerto de Beirut en agosto de 2020– han conducido a que hoy Líbano pueda catalogarse como un Estado fallido. La pandemia fue sin duda, el remate.

La existencia en su seno de una organización como el Hezbolá, cuyo aparato militar es más poderoso aún que el propio ejército nacional libanés, es otro más de los factores que contribuyen al caos generalizado. Hezbolá, como representante de los intereses del sector chiita de la población, participa también en calidad de partido político, con creciente fuerza en las filas parlamentarias. Su agenda particular, que incluye actividades terroristas como una de sus herramientas, ha conducido al país por rutas más que cuestionables, al ser un actor dependiente de recursos y órdenes llegados desde el Irán de los ayatolas.

La única salida que por lo pronto se vislumbra para Líbano es la de conseguir ayuda financiera internacional que vaya al rescate y logre detonar desarrollo económico. Sin embargo, las pláticas con organismos como el Fondo Monetario Internacional para tal propósito no han prosperado, debido a que se exige que el gobierno primero se limpie y reestructure. Sólo han llegado donaciones de fundaciones altruistas y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), recursos que apenas alcanzan para pagar los exiguos salarios de la burocracia y los cuerpos policiacos. Así, el que fuera en las primeras décadas de su vida independiente un Estado prometedor de prosperidad y convivencia pacífica interétnica e interreligiosa, ha caído en el extremo totalmente opuesto. Ni siquiera la alimentación básica de su gente está hoy asegurada.