Alud de protestas contra el nuevo gobierno israelí

Después de un año de permanecer en la oposición, Benjamin Netanyahu encabeza de nuevo al gobierno de Israel emanado de las elecciones del pasado 1 de noviembre, por lo que hace dos días quedó instalado formalmente ante el parlamento el gobierno nacionalista y de derecha religiosa más extrema que jamás haya tenido Israel. Netanyahu no se tentó el corazón para aliarse con las fuerzas más retrógradas de su país, con tal de recuperar el poder y evitar con ello llegar a la cárcel por los cargos de los que se le acusa.

A lo largo de las últimas semanas se ha venido comentando acerca de los acuerdos gestionados para armar la coalición. Dichos acuerdos revelan que se trata de un gobierno dispuesto a destruir muchas de las prácticas democráticas del país en función de las convicciones ultranacionalistas y ultrarreligiosas de quienes ahora están al mando. Muchos de los que han quedado a cargo de importantes ministerios son figuras conocidas desde hace tiempo por su racismo, su fanatismo religioso, su xenofobia y su misoginia.

Uno de los acuerdos tomados por los socios de esta nueva coalición es abolir la ley antidiscriminación que ha regido desde siempre. Bajo la justificación de defender el derecho de agrupaciones religiosas o de personas individuales a actuar conforme les dictan sus valores y principios, se permitiría la segregación por género cuando fuera demandada y también la decisión de no brindar servicios a aquellos cuya identidad religiosa, ideológica, étnica o sexual sea cuestionada por quienes están encargados de proporcionar el servicio en cuestión. Para decirlo con mayor claridad, las mujeres, los árabes, la comunidad LGBTQ+ e, incluso, los judíos que no comulgan con la ortodoxia religiosa podrían ser discriminados sin consecuencia, ya que se pretende establecer legislación que legalice dicha discriminación.

La indignación que éstas y otras políticas anunciadas, igual de antidemocráticas, ha provocado está convirtiéndose en un verdadero terremoto que sacude a la nación. La alarma ha cundido en la sociedad civil ajena a este tipo de extremismos, con la consecuencia de que numerosas entidades políticas, financieras, educativas y comerciales, han reaccionado ya con firmeza, lo cual era de esperarse, puesto que pocos creen en las declaraciones de Netanyahu a medios internacionales destinadas a edulcorar su nuevo gobierno y asegurar que la democracia no será afectada. Es así que el clamor popular ha empezado a manifestarse. Y no es para menos, ya que el panorama que se vislumbra es el de un país en camino a instalar una suerte de teocracia en la que derechos humanos y de las minorías estarían en grave riesgo y donde desaparecería la posibilidad de un acuerdo de paz con los palestinos perpetuando así un estado de guerra, cuyas consecuencias son impredecibles.

Los opositores a las medidas anunciadas por el nuevo gobierno han empezado ya a reaccionar con decisión. El jueves en la noche, al mismo tiempo que Netanyahu se reunía con su gabinete, se llevó a cabo en Tel Aviv una manifestación en apoyo a la comunidad LGBTQ+, la cual trastornó el tráfico de una importante arteria de la ciudad. Desde el domingo pasado diversas instituciones financieras y de alta tecnología anunciaron que no extenderán crédito ni tendrán trato alguno con agrupaciones e individuos que discriminen a cualquier sector de la sociedad. El Discount Bank, Intel, compañías de seguros, de bienes raíces y Microsoft, entre varias más, se sumaron a ese anuncio, enfatizando que la diversidad y la inclusión son valores firmemente asentados en sus respectivas áreas de trabajo, y que no están dispuestos a ser cómplices de atentados flagrantes contra los derechos de igualdad de todos los ciudadanos.

La lista de quienes se han manifestado en rebelión contra las políticas discriminatorias del nuevo gobierno es larga. Desde las universidades de Jerusalén, Tel Aviv y las escuelas de medicina, hasta los alcaldes de Tel Aviv, Ramat Gan, Ramat Hasharon, Herzliya y 78 jueces retirados se pronunciaron abiertamente contra la nueva legislación propuesta. Todo indica que los sábados por la noche habrá, de ahora en adelante, jornadas de protesta a lo largo y ancho del país. Porque no sólo el desacuerdo es con la legitimación de la discriminación, sino también con los recursos y prerrogativas extremas que se han anunciado para la clientela política que apoya a este gobierno. Prerrogativas que benefician al sector ultraortodoxo y al de los colonos judíos en Cisjordania, dejando de lado las demandas del resto de la sociedad que no forma parte de tal clientela.

Por lo visto, los valores en los que se sustentan las democracias liberales están en grave riesgo no solamente en nuestro entorno inmediato, donde bien sabemos cómo están siendo afectados. Al parecer, la lucha por defenderlos y preservarlos se está volviendo, en nuestros tiempos, un imperativo cada vez más global.