Consistente e impune asesinato de políticos…

Con hambre y sed de justicia. ¡Así seguimos…!

Si bien para quienes se han beneficiado y continúan haciéndolo al amparo del fracasado régimen de la 4T, el cotidiano reclamo social de seguridad carece de fundamento y no es, sino “una cara más” del embate de la oposición neoliberal y conservadora en contra de Andrés Manuel López Obrador y sus cercanos, lo cierto es que a la vista del cierre del sexenio nada parece más evidente que la práctica entrega del país, de parte del territorio al menos, al crimen organizado…

Ayer mismo, el candidato del oficialismo a la presidencia municipal de Acatzingo, en Puebla, Jaime González Pérez fue asesinado ante la atónita mirada de su esposa e hijos, por cuatro hombres a bordo de motocicletas que llegaron hasta su negocio para acribillarle, elevando con ello a más de 40 el número de funcionarios gubernamentales y aspirantes a algún cargo de elección privados de la vida en lo que va del año, o del actual proceso electoral, en prácticamente la totalidad de los estados, y cuyas muertes, si bien son investigadas, ello no parece rendir frutos.

Y lo peor de todo, es que cada vez existen más evidencias de que el asesinato de personajes públicos o con aspiraciones de serlo, se ha tornado en una práctica común, ante la cual ni siquiera se observa una reacción consistente de autoridades —policiales y de seguridad, electorales o de cualquier otra naturaleza— que más allá de las palabras, sugiera la asunción de acciones orientadas a intentar, al menos, poner un freno a la cotidiana sangría, literal, que el fenómeno implica. Preocupante, en verdad, porque ello no hace más que acrecentar previsiones, según las cuales, el fenómeno tenderá a acentuarse a medida que nos acerquemos al emblemático 2 de junio en que deberán elegirse a los titulares de poco más de 20 mil cargos, el jefe del Ejecutivo, el Congreso de la Unión y nueve gubernaturas entre ellos.

Tres décadas después del aún hoy polémico asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana, parece que México, una parte de la sociedad, al menos, no aprende a resolver en un entorno de civilidad y diálogo constructivo, sus diferencias de orden político o en otros campos…

ASTERISCOS

 ¡Vaya cínica reacción! del (des)gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, de Morena, claro, que ante el confirmado “levantamiento” a plena luz del día de 41 personas, media docena de ellos niños, por supuestos sicarios del crimen organizado, sólo atinó a comentar que “no hay que tener miedo. Son cosas que ocurren…” y, claro, se apresuró a asegurar que la autoridad estatal no se encuentra rebasada. ¡Por si alguien lo pensaba!…

* Donde traen un verdadero desorden administrativo es en el INAH, que lidera el antropólogo Diego Prieto, pues en pleno año electoral debe a proveedores de servicios de 2023 y su coordinadora de recursos materiales Gabriela López sólo atina “poner su cara…”. Ocram Seyer, por ejemplo, que prestó servicios hasta febrero, confirmó que si no le pagan, es porque el recurso será usado para pagar a HHF Solutions, una firma (curiosamente) amiga…

Veámonos aquí mañana con otro asunto De naturaleza política.