La desesperación por construir una narrativa de éxito, mezclada con la prisa por juzgar le han jugado una pésima pasada a la verdad. Andrés Manuel López Obrador es responsable del crecimiento e industrialización del contrabando de combustible. Durante su administración el robo de combustible pasó de ser una actividad delincuencial casi artesanal, puesto que se perforaban ductos y se comercializaba lo robado, a una operación de delincuencia internacional en la que han participado miembros del gobierno y delincuentes de cuello blanco que le dieron un carácter internacional.
No únicamente participaron los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna por parte de la Secretaría de Marina. No es casual que la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, haya liberado la declaración patrimonial de 69 funcionarios de la Secretaría de Marina entre los que está el extitular Rafael Ojeda. Este exfuncionario al que las autoridades de la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, han tenido problemas para encontrar y notificarlo para conocer cuál era su grado de conocimiento sobre el robo de combustible y las operaciones de sus parientes.
Una línea de investigación lógica es averiguar quiénes son los empresarios que decidieron convertirse en delincuentes de cuello blanco, puesto que son necesarios para el gran nivel que ha tomado el contrabando y venta de combustible.
REMATE BLANCO
La primera acción fue detener a Ernesto Ruffo, quien fuera el primer gobernador de oposición en la historia, por su vinculación con una empresa que, de acuerdo con las autoridades, participó en contrabando de combustible. Líderes políticos como Guadalupe Acosta Naranjo consideran que se trata de una persecución política pues, en caso de que hubiera ilícitos, en éstos no tuvo que ver Ruffo. Esta implicación política ha hecho que su hija, Verónica Ruffo, sea vista como posible candidata del PAN a las elecciones de Baja California.
Otros más estimaron que la dureza jurídica con la que es tratado Ruffo abre espacio para otras acciones del gobierno, como la que se anunció en días pasados en una planta de SIMSA, de Salomón y Nesim Issa Tafich, en la que se incautaron 59 millones de litros de combustible. El decomiso más grande que había realizado la FGR había sido de un millón de toneladas. Es claro que la acción de la autoridad está siguiendo la implicación de empresarios que habrían permitido la industrialización del contrabando de combustible cuando Rafael Marín Mollinedo era director de ANAM. Ésa es una de las razones por las que este hombre no ganó la encuesta de Morena, presidido por Ariadna Montiel, no ganara la postulación para la candidatura al gobierno de Quinta Roo y ahora esté tratando de encabezar una suerte de rebeldía. Otra de las razones fue lo mal que jugó con la actual gobernadora Mara Lezama, que desarrolló las aspiraciones de Gino Segura para que dé continuidad al actual gobierno de Quintana Roo.
REMATE CONFUNDIDO
La manera en la que la FGR y la Secretaría de Seguridad y Paz del gobierno de Guanajuato, que conduce Libia García Muñoz Ledo, dieron a conocer la incautación de la planta se convirtió en un desastre. Alguien trató de colgarse una medalla demasiado grande, puesto que aún no está sustentada en hechos y acusaciones formales. Logró que el asunto sirviera como pretexto para algunas especulaciones rocambolescas.
No faltó el que dijo que se trataba de una gran pifia por parte de la autoridad y que incluso debería costar la cabeza del secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, puesto que SIMSA, de los hermanos Salomón y Nesim Issa Tafich, emitió un comunicado asegurando que cuentan con todos los permisos estatales, locales y federales para la operación de una planta que definieron como fundamental para el país.
En el comunicado jamás dicen que todo el combustible que hay en esa planta es legal y no es un asunto menor, puesto que ahí está el corazón de la investigación que atrajo la FGR.No es verosímil suponer que una planta tan notoria operara de manera totalmente ilegal, que es la salida que han intentado quienes tratan de defender a la empresa y suponer que hubo un error monumental por parte del gobierno. En este momento el PAS no se detendrá a juzgar la reputación de los hermanos Issa Tafich, puesto que ya en esta columna se ha tratado las veces que han buscado torcer la justicia para sus fines empresariales. Algunos de sus socios de negocios están convencidos de la probidad de estos hermanos.
REMATE PUNTUAL
Atrás de las especulaciones sobre megagolpes o megapifias hay un tema concreto que deberá probarse más allá de cualquier duda: todo el combustible que tiene la planta de SIMSA es legal o no todo el combustible que hay en ese predio es legal. La FGR deberá demostrar ante la SCJN, presidida por Hugo Aguilar, que los hermanos Salomón y Nesim Issa Tafich son la punta de lanza del contrabando de combustible de cuello blanco.