Reformas y empleo en México: ¿avances o retrocesos?

Por Andrés Rodríguez

Las recientes cifras del empleo formal reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reflejan un panorama preocupante. Si bien en enero de 2025 se crearon 73,167 nuevos empleos, esta cifra apenas compensa el 18% de los más de 405 mil empleos perdidos en diciembre pasado. Más aún, la mayoría de estos nuevos puestos son eventuales, lo que evidencia una creciente precarización del empleo.

Sin embargo, la problemática laboral no se limita a la generación de empleo. El marco normativo actual parece estar debilitando la estabilidad en el trabajo. Aunque los trabajadores o empleadores, según sea el caso, pueden intentar recurrir al amparo para cuestionar la constitucionalidad de estas reformas, su eficacia es limitada debido a la mayoría de un solo partido (en este caso, Movimiento Regeneración Nacional [Morena]) en el Congreso. La percepción de la Suprema Corte como un ente irrelevante agrava esta situación, pues las decisiones en materia laboral podrían estar más influenciadas por factores políticos que por un verdadero análisis jurídico.

Uno de los cambios más alarmantes es la reforma que permite al gobierno actuar como empresa constructora en el sector de vivienda. Este esquema abre la puerta a la corrupción y pone en desventaja a las pequeñas y medianas empresas de la industria de la construcción, que difícilmente podrán competir con un Estado que juega al mismo tiempo el rol de regulador y participante en el mercado. Históricamente, sobre todo en este siglo, el Infonavit ha sido un organismo eficiente y transparente; sin embargo, las modificaciones recientes pueden llevarnos de vuelta a tiempos de falta de claridad y discrecionalidad en el otorgamiento de créditos.

Otro aspecto preocupante es la falta de incentivos reales para la generación de empleo formal. Mientras las pequeñas y medianas empresas enfrentan cada vez más cargas regulatorias, el sector productivo se encuentra limitado por políticas que, en lugar de fomentar el crecimiento y la contratación, dificultan la inversión. La desaceleración en la creación de empleos refleja que las reformas no han sido diseñadas con un enfoque integral que proteja tanto a trabajadores como a empleadores.

Ante este panorama, los trabajadores deben ejercer sus derechos de acceso a créditos de vivienda lo antes posible y mantenerse informados sobre los posibles cambios en las leyes secundarias. La incertidumbre normativa y política puede afectar la seguridad jurídica en el acceso a la vivienda y al empleo estable.

El reto que enfrentamos no es menor. Si no se generan condiciones adecuadas para fomentar la inversión y la contratación formal, México podría experimentar un estancamiento prolongado en el empleo. La gran pregunta sigue siendo: ¿estas reformas realmente benefician a los trabajadores o simplemente buscan centralizar aún más el control del mercado laboral en el gobierno? La respuesta, sin duda, se verá en los próximos meses.