Por César Alejandro Ruiz Jiménez*
Hemos dedicado años a discutir cómo evaluar a los jueces. Quizá llegó el momento de discutir cómo evaluar a los legisladores. Mucho se ha escrito y se escribirá sobre la reforma de la reforma judicial. Desde la orden presidencial acatada fielmente por una mayoría sobrerrepresentada, la insistencia en el “voto popular” para la designación de juzgadores, hasta la constante improvisación que ha acompañado todo el proceso. Sin embargo, hay un aspecto al que se ha prestado mucha menos atención: la calidad técnica de los textos que se están incorporando a la Constitución.
En primer lugar, llama la atención el uso de la insaculación como método de selección de candidatos. La función judicial exige a las personas mejor preparadas, sin embargo, los legisladores decidieron que el proceso de evaluación incluya un sorteo público final, más cercano a un programa de variedades que a la seriedad institucional que exige la designación de quienes interpretarán la Constitución y las leyes.
Además, de manera confusa, la propia reforma prevé que la SCJN pueda funcionar en pleno o en salas —aunque ahora se les denomine “secciones” para evitar reconocer el error—. Es decir, la configuración interna queda al arbitrio de quienes lo integran.
Los Comités de Evaluación y los candidatos deben cumplir, además, requisitos de inevitable apreciación subjetiva: ser reconocidos en la actividad jurídica, distinguidos por su honestidad, buena fama pública, competencia o antecedentes académicos y profesionales. ¿A juicio de quién, del poder político, de la opinión pública, de las redes sociales? Si la imparcialidad de las candidaturas ya pende de un hilo, este tipo de requisitos discrecionales la cortan de tajo.
En el tema de la ausencia definitiva de un ministro, magistrado de la Sala Superior o de un integrante del Tribunal de Disciplina se cubre con quien obtuvo el segundo lugar de la elección correspondiente, mientras que las vacantes de magistrados de Circuito y jueces de Distrito permanecen sin cubrir hasta la siguiente elección. Criterios distintos para problemas idénticos.
Todo ello evidencia una mala técnica legislativa, producto de normas aprobadas sin discusión suficiente, sin análisis serio y sin el tiempo para detectar contradicciones, vacíos y consecuencias no previstas. Hay una combinación de improvisación, consignas políticas y voluntades personales que terminan sustituyendo la reflexión institucional.
Las consecuencias no son menores. Quienes acuden al sistema de impartición de justicia terminan siendo afectados en sus bienes, patrimonio y, en ocasiones, en su libertad personal, por personas improvisadas que llegaron a posiciones de enorme responsabilidad como consecuencia de una reforma que privilegió criterios políticos sobre criterios de capacidad técnica.
La reforma de la reforma no cambiará la ineficiencia de la justicia ya impartida. Sigue siendo un experimento que impacta la vida de los mexicanos. Y los legisladores parecen actuar con la ligereza de quien sabe que no enfrentará consecuencia alguna por sus errores.
Nos habíamos acostumbrado a exigir evaluaciones, controles, exámenes y procesos rigurosos para quienes interpretan la ley, pero exigimos poco a quienes la crean. Una mala sentencia puede arruinar la vida de una persona. Una mala ley puede arruinar la vida de millones.
Entonces, ¿por qué no existe una verdadera responsabilidad administrativa para los legisladores? Las ausencias reiteradas, la votación sin estudio previo, la escasa productividad legislativa, las iniciativas deficientes, los actos vandálicos, las riñas o los golpes dentro de los recintos parlamentarios no deberían tener cabida en una república democrática y representativa. Sin embargo, rara vez generan consecuencias reales.
Es hora de que nos preocupemos por evaluar a nuestros legisladores con la misma intensidad con la que evaluamos a nuestros jueces. Y debemos ir todavía más lejos. Muchos de estos problemas son consecuencia de personas no preparadas para crear las normas que regulan la vida de más de 130 millones de habitantes.
Si exigimos preparación técnica para interpretar la ley, ¿por qué no una preparación equivalente para crearla? Ha llegado el momento de discutir requisitos mínimos para el ejercicio de la función legislativa, de hablar de capacitación permanente, evaluación de desempeño y, quizá, de una auténtica carrera legislativa. En una época en la que los títulos universitarios se obtienen con una velocidad sorprendente, resulta incomprensible que no estemos impulsando la profesionalización de uno de los Poderes más importantes del Estado.
La reforma judicial nació bajo la premisa de que el problema eran los jueces. Quizá el verdadero problema sea haber olvidado que quienes redactan las leyes también necesitan preparación, evaluación y responsabilidad. La reforma de la reforma judicial no sólo exhibe la necesidad de mejores jueces, sino también la urgente necesidad de mejores legisladores.
*Presidente del Círculo Mexicano de Derecho y Libertad