Minería, extractivismo y soberanía
Hasta el momento, y gracias a la traición vulgar de la oposición apátrida, el statu quo de la minería en México es un compendio del extractivismo neocolonial de materias primas.
Por: Fadlala Akabani *
Como lo hemos revisando antes en este espacio editorial, y dicho estrictamente al margen de la sobrada evidencia al respecto, detrás de los más altos anhelos de Estados Unidos para el mundo, como el de llevar freedom and democracy (libertad y democracia, en español) a cualquier rincón del planeta, subyace —evidentemente— el indiscutible interés de hacerse con el control directo o indirecto de recursos energéticos, incluso, llegando al extremo de invadir militarmente territorios soberanos para apoderarse de los mismos.
Desde Washington se alimenta la premura de hacerse con más petróleo para su propia industria y para revendérselo a la Unión Europea, producto de las sanciones que le obligó imponer a Rusia para “bloquear” su economía como parte de su ambición imperialista para expandir la OTAN, Estados Unidos orilló a Rusia a profundizar su alianza estratégica con China; potencias que, juntas, impulsan la desdolarización de los mercados energéticos globales, el fortalecimiento del bloque de los BRICS, la reconciliación entre Irán y Arabia Saudita, así como la rebeldía del denominado “Sur global”, para mantener la neutralidad en un conflicto bélico que cada vez comporta más las temibles y peligrosas implicaciones nucleares. Bajo este contexto, EU ha incurrido en acciones inéditas, graves contradicciones a su sólida autoridad moral en materia de derechos humanos (léase mi sarcasmo), como el desbloqueo a la compra de crudo a Venezuela, y así es como debemos leer la campaña hipócrita que acusa a México de la lamentable y penosa situación derivada del consumo de fentanilo (como droga), en donde existen barrios enteros habitados por “zombis” destruidos por la adicción, cuyo caso más emblemático es el barrio de Kensington, en Filadelfia, donde a diario mueren 15 ciudadanos norteamericanos, mucho más que en los aislados casos de muerte que suceden en nuestro país de estadunidenses. La hipocresía en su máxima expresión.
Si bien entendemos el complejo contexto global, no podemos dejar de reaccionar desde nuestras posiciones de poder político y, también, de manera enérgica como ciudadanos, expresando nuestro rechazo por el trato inmerecido hacia un socio comercial de la importancia de México, por el contrario, como lo señaló el presidente López Obrador desde el corazón político de nuestro país, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México el 18 de marzo de 2023: es el momento de profundizar nuestra lucha por la transformación, de no zigzaguear y de mantenernos firmes en nuestras ambiciones colectivas de paz, justicia y progreso para todas y todos los mexicanos. Así lo hace el Presidente, que, lejos de ceder ante los embates del Tío Sam, reagrupa sus fuerzas para ir más allá, pues el siguiente paso para dar cumplimiento a la soberanía nacional sobre todos los recursos en el subsuelo del territorio de la República Mexicana es el de terminar con el vergonzante expolio que mineras canadienses y estadunidenses realizan de nuestra riqueza, dejando a cambio sólo contaminación de la tierra, del agua y el desplazamiento forzado de comunidades marginadas.
Hasta el momento, y gracias a la traición vulgar de la oposición apátrida, el statu quo de la minería en México es un compendio del extractivismo neocolonial de materias primas, algunas indispensables para la industria, como el litio, cobre o el carbón, y otras con peso específico en el sistema financiero global, como son las piedras preciosas, oro y plata, que han servido de base a sistemas monetarios en todo el mundo hasta finales del siglo XX. Este escenario hace indispensable la intervención del Estado mexicano para que su ordenamiento sea proporcional al tamaño de nuestra economía, como a la representatividad democrática del poder público, especialmente del Ejecutivo, que cuenta con un inédito respaldo popular (muy por encima del 65%), tras más de 4 años y 4 meses de administración. Este objetivo será alcanzado con la iniciativa de reforma a la Ley de Minería, que entre sus disposiciones más relevantes comporta la drástica reducción del tiempo de concesión de las minas de 100 a sólo 30 años, terminando así con el saqueo neoliberal de la riqueza del subsuelo nacional y abriendo la puerta para que se cree otra empresa paraestatal que asegure el control de nuestros recursos, como lo hacen Pemex, CFE y muy pronto LitioMX.
Como parte de esta profundización en la lucha por la total soberanía de los recursos estratégicos podemos recibir el histórico anuncio del presidente López Obrador, la compra de 13 centrales eléctricas a Iberdrola. Qué orgulloso podría estar un visionario nacionalista, el presidente López Mateos, quien al nacionalizar la industria eléctrica, en 1960, dejó una memorable misiva al pueblo de México (disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552969/Carta_Lo_pez_Mateo...), en la que advertía dos escenarios futuros: el primero se ha cumplido con la vulgar entrega neoliberal (1988-2018) de espacios estratégicos para el desarrollo industrial y el crecimiento económico, como la minería, el petróleo, el sector energético y los ferrocarriles; el segundo, donde el Estado mexicano se pudiese hacer con la posición de accionista mayoritario de los activos productivos de empresas extranjeras para la transformación de materias primas en energía eléctrica y combustibles, como apenas sucedió con la 4T. Como mejores ejemplos tenemos la compra de la refinería de Deer Park a Shell Oil Company, en Texas, EU, y la reciente adquisición de 13 plantas de generación eléctrica de Iberdrola. La más reciente compra implica el 70% de la capacidad operativa de la transnacional española en nuestro país mediante una transacción que oscila en torno a los 6 mil millones de dólares. Toda proporción guardada, el acuerdo de entendimiento para la transacción financiera entre México e Iberdrola es propiamente una segunda nacionalización, ya que mediante esta operación la CFE estará en control del 55% de la generación eléctrica a nivel nacional que, sin ser una mayoría absoluta, se consolidará como la más grande minoría del mercado eléctrico de nuestro país.
Todas estas acciones en su conjunto no sólo aseguran la independencia y soberanía energética de México ante la más compleja coyuntura global de los últimos 100 años, sino que potencian la viabilidad de industrialización y crecimiento económico con base en el capital nacional, además de representar una oportunidad para la capacitación y la incorporación de las mipymes en esta cadena de valor, que estarán en oportunidad de atender las demandas y necesidades de un sector energético en plena emergencia como palanca de desarrollo para el siglo XXI.
*Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
