Legislar el derecho humano al agua…

Por Ramón Aguirre Díaz

Hace más de 10 años, en febrero de 2012, el Congreso de la Unión elevó a rango constitucional el derecho humano al agua mediante la reforma al párrafo sexto del artículo 4º.

Además, se estableció en el artículo 3º transitorio que se “contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”, lo que, a la fecha, no ha sucedido y que significa un incumplimiento de más de 9 años en la reglamentación de este importante derecho humano.

El tema es complejo y, después de varias propuestas legislativas que no prosperaron, no se veía para cuándo se lograría contar con la muy importante Ley General de Aguas, donde se establezcan las reglas a cumplir en temas fundamentales como la calidad, cantidad, aceptabilidad, accesibilidad física y económica, el derecho a la información en materia del agua y la indispensable coordinación entre la Federación, los estados y municipios, junto con la participación de la sociedad, para poder hacer realidad este derecho a todos los habitantes de nuestro país.

Derivado de una controversia constitucional presentada por Cusihuiriachi, un pequeño municipio de Chihuahua, finalmente está interviniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenando al Congreso de la Unión expedir la Ley General de Aguas durante su próximo periodo ordinario de sesiones.

La complicada situación del agua en la frontera norte del país, la obligación que tiene México de cumplir con los compromisos derivados del Tratado Internacional de Aguas de 1944 con Estados Unidos, la extracción de aguas de la presa La Boquilla sobre el río Conchos y el acuerdo federal por sequía del año 2020, generó una problemática en torno al derecho humano al agua de los usuarios en el municipio de Cusihuiriachi, cuyo presidente municipal promovió la ya comentada controversia constitucional. Básicamente, entre otros aspectos, lo que se argumenta es la vulneración al derecho humano al agua por la omisión del Congreso de la Unión al no emitir la Ley General de Aguas, siendo que el municipio es el proveedor del servicio de agua para uso doméstico y público urbano.

Después de admitir el trámite de la demanda y realizar el análisis correspondiente, el pasado lunes 23 de mayo se publica en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la omisión del Congreso de la Unión, de no expedir la Ley General de Aguas, y le ordena hacerlo este mismo año.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, a cargo del diputado Rubén Muñoz e integrada con 35 miembros, está consciente de la importancia del tema, ya que se trata del recurso vital para la vida y la salud de los mexicanos. Tiene un gran reto por delante: contar con un diagnóstico veraz y actualizado y, con ello, elaborar una ley que dé una respuesta efectiva, eficaz y realista. Para ello se avanza recogiendo las preocupaciones y experiencias de cada uno de los miembros de la comisión, realizando visitas a diversas zonas del país y logrando convocar a un nutrido grupo de especialistas, entre ellos, integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Asociación de Entidades de Agua y Saneamiento y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Las cifras son preocupantes: se estima que 12.6 millones de mexicanos no tienen acceso al agua y que 47 millones no reciben agua todos los días, con lo que queda claro que es mucho lo que hay que hacer y la necesidad de contar con un soporte firme para ello, ni más ni menos, la Ley General de Aguas, que esperamos que, por fin, se legisle este año.