Por Jaime Rivera Velázquez*
Hace exactamente 30 años (octubre de 1996), el Congreso de la Unión de México aprobó una reforma electoral de largo aliento, consensuada entre todos los partidos representados respecto a casi todos los puntos nodales. Aquella reforma, que el presidente Ernesto Zedillo promovía como definitiva, coronaba una serie de reformas a la legislación de elecciones iniciada en 1977 y que, en su conjunto, pavimentaron el camino para transitar a la democracia.
Los cambios principales de la reforma fueron: 1) autonomía plena del Instituto Federal Electoral, con la conformación de un Consejo General como órgano máximo de dirección, designado por mayoría calificada de la Cámara de Diputados y sin presencia de ningún representante del Poder Ejecutivo; 2) reglas constitucionales para hacer más proporcional la representación política en el Congreso (en la Cámara de Diputados, no más de 300 curules para una sola fuerza política ni más de 8% de sobrerrepresentación y, en el Senado, ampliación de la pluralidad mediante una lista nacional de representación proporcional); 3) predominio del financiamiento público sobre el privado para el sostenimiento ordinario de los partidos y gastos de campaña, para favorecer una contienda más equitativa.
Además de esos cambios trascendentes en la legislación electoral –que propiciarían el cambio de mayoría en la Cámara de Diputados y varias alternancias en gobiernos estatales en 1997, así como la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000–, fue muy significativo que esa reforma fuese pactada entre el gobierno y los partidos opositores. Hay que subrayar que uno de los principios de la democracia es el reconocimiento de la legitimidad de la oposición. En democracia, los gobiernos dialogan, negocian y acuerdan con los partidos de oposición. No siempre llegan a compromisos, pero al menos lo intentan.
En particular, a raíz de la reforma de 1996, el nombramiento del consejero presidente y de los consejeros electorales del IFE fue producto de la negociación y el acuerdo entre todos los partidos representados en la Cámara. Algunos podrán criticar que tales nombramientos respondieran a “cuotas partidarias”, pero justamente eso garantizó la pluralidad, el equilibrio y, a fin de cuentas, la imparcialidad del órgano colegiado. En varios países de Iberoamérica los órganos de autoridad electoral se integran por propuestas de los diferentes partidos, a fin de que tomen acuerdos aceptables para todos los contendientes y se vigilen unos a otros.
A partir de 1996, la regla de mayoría calificada del Poder Legislativo obligó a que las reformas electorales y la designación de los árbitros electorales reflejasen la pluralidad del sistema de partidos. Ningún partido o coalición podía por sí solo reformar la Constitución ni nombrar a magistrados y consejeros electorales. En 2003, a causa de una mezcla de intransigencia de uno y estrechez de miras de otros, el PRD fue excluido del acuerdo para nombrar consejeros del IFE, aunque sí hubo consenso entre tres partidos: PAN, PRI y PVEM. Esa exclusión tuvo un costo en la confianza y la legitimidad de la autoridad electoral. Después de esa experiencia, las designaciones de los árbitros electorales respondieron siempre al principio de pluralidad y al consenso entre el partido gobernante y de, por lo menos, dos o tres partidos de oposición. Además, era frecuente que el jefe del Poder Ejecutivo dialogara directamente con los líderes de la oposición.
Esto empezó a cambiar a partir de 2018. El presidente Andrés Manuel López Obrador nunca aceptó hablar directamente con la oposición. Antes bien, si se refería a ella, lo hacía sólo para repudiarla y descalificarla, a veces con epítetos infamantes. Es como si desconociera la legitimidad del pluralismo, principio esencial de la democracia. La actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha sido muy diferente. En el mismo sentido, las reformas electorales de los últimos años se han aprobado con el respaldo exclusivo del bloque gobernante. Como si las reglas del juego de la competencia por el poder y las designaciones de los árbitros atañeran solamente al gobierno y su mayoría parlamentaria. Ya no hay acuerdos ni cuotas entre partidos, sino monopolio de las decisiones. Deliberadamente o no, con ello se resta confiabilidad a las autoridades y a las elecciones mismas.
En la tradición parlamentaria británica hay un dicho célebre: “Cualquier tribu puede tener un jefe; pero hace falta la democracia para tener un líder de la oposición”. Desconocer a la oposición es una actitud tribal, no democrática.
*Exconsejero del INE