El nuevo mercado interno mexicano
Los programas sociales universales son otra herramienta clave para fortalecer el mercado interno.
Por Fadlala Akabani Hneide
Un engrane conductor del dinamismo de la economía mexicana es el mercado interno. Sin embargo, por más de tres décadas estuvo olvidado por el neoliberalismo. Ha sido hasta el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador que se implementaron políticas públicas para su fortalecimiento. En particular, el consumo privado ha crecido consistentemente a pesar de la pandemia, impulsando el desarrollo económico nacional. De acuerdo con cifras de la Oferta y Demanda Global Trimestral del Inegi, el consumo representó 72% del PIB a inicios de 2024, el mayor registro desde 2003. Tan sólo en 2023, el consumo privado creció 5.6% alcanzando un nuevo máximo histórico.
Factores como los aumentos al salario mínimo, el desempleo, que está en el mínimo de 2.3%, los programas sociales, un mayor flujo de remesas, así como la reducción de la inflación y un tipo de cambio apreciado, impulsan la expansión del consumo en México. Fortalecer el mercado doméstico a través de aumentos en los ingresos de los hogares no sólo es una estrategia para impulsar el crecimiento económico de forma inclusiva y sostenible, sino que también es un acto de justicia social.
Desde 2019, México ha implementado anualmente incrementos significativos al salario mínimo. Tras 30 años de abandono sin aumentos, finalmente alcanza para comprar, al menos, una canasta básica mensualmente, tras un incremento del 183% en los últimos cinco años, pasando de $88 a $249 pesos. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha comprometido a seguir elevando el poder adquisitivo del salario mínimo a 2.5 canastas básicas para 2030. Así, estos aumentos reducen la pobreza y estimulan el consumo interno. Un salario mínimo más alto no sólo beneficia a los trabajadores y sus familias directamente, sino también a las mipymes, al aumentar la demanda de bienes y servicios.
Por su parte, los programas sociales universales son otra herramienta clave para fortalecer el mercado interno. Iniciativas como la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, las becas para estudiantes y las transferencias monetarias condicionadas a jóvenes trabajadores, agricultores y pescadores, han demostrado ser efectivas para reducir la pobreza y la desigualdad. Estos programas garantizan que todos los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica, puedan beneficiarse de ellos.
Sólo en lo que va de 2024 se han dispersado más de 77 mil 831 millones de pesos directamente a la población beneficiaria. De hecho, con la creación del Banco del Bienestar para el pago directo de pensiones, becas y subsidios, se ha realizado la mayor cruzada de bancarización en la historia de México y posiblemente del mundo. Más de 26 millones de personas cuentan por primera vez con una cuenta de ahorros y una tarjeta de débito. Además, con la construcción de 2 mil 750 nuevas sucursales bancarias, la población en las localidades más remotas del país finalmente tiene acceso a servicios financieros.
Asimismo, las remesas enviadas por los migrantes mexicanos en el extranjero representan una fuente crucial de ingresos para millones de hogares en México. En 2023, las remesas crecieron 7.3%, alcanzando niveles récord de 63 mil 313 mdd. Este flujo constante de dinero no sólo ayuda a mejorar las condiciones de vida de las familias receptoras, sino que también impulsa el consumo y la inversión en la economía local. Las remesas contribuyen significativamente al desarrollo regional, aliviando la pobreza y fomentando el emprendimiento y la construcción de un patrimonio. A pesar de que un tipo de cambio apreciado reduce el monto en pesos del que disponen las personas, esto se amortigua por un mayor flujo de remesas cada año.
No obstante estos avances, el principal reto para expandir el nuevo mercado interno mexicano sigue siendo la desigualdad. Las brechas de ingresos y oportunidades entre personas, empresas y regiones del país son persistentes. Para cerrarlas es necesario seguir implementando políticas públicas que atiendan directamente las desigualdades estructurales. Esto incluye mejorar la calidad y accesibilidad de la educación, fortalecer el sistema de salud pública y fomentar la inversión en infraestructura básica en las regiones más rezagadas.