“El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”. Fragmento del célebre discurso “El mejor oficio del mundo”, del periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez, en el marco de la 52a. Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa.
En sus años como periodista en Bogotá, García Márquez sufrió la censura del régimen dictatorial-militar del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957); la presión política de las élites del conservadurismo colombiano que lo llevó al exilio en México, y la vigilancia policial del priismo subordinado a Washington por sus vínculos con Cuba y la izquierda latinoamericana.
Pese a todo ello, El Gabo tuvo siempre claro que la mejor herramienta para enfrentar al autoritarismo era la verdad, no la mentira.
Entonces, cualquiera podría suponer que la vía de los medios de comunicación en América Latina para enfrentar al autoritarismo sería un extenuante y escrupuloso ejercicio de búsqueda de la verdad, el rigor de verificar que lo publicado procede de fuentes fidedignas, y que el lector está en la posibilidad de distinguir datos y hechos comprobables de las opiniones y juicios personales.
Bajo este supuesto, lo más factible sería pensar que medios de comunicación y comunicadores serían los primeros interesados no sólo en comunicar la verdad, sino en la construcción de consensos con la sociedad y el gobierno para contar con lineamientos claros que permitan el ejercicio de derechos como el acceso a la información libre, veraz y oportuna, consagrado en el artículo 6to de nuestra Constitución.
Sin embargo, las últimas semanas hemos presenciado un deleznable empecinamiento de algunos medios y sus más estridentes comunicadores por defender un inexistente derecho a difundir bulos, construir narrativas mentirosas y presentar como hechos irrefutables opiniones que no resisten un análisis crítico ni el contraste con datos verificables. Podemos citar ejemplos como la tan explotada entrevista —carente de audio probatorio— a Carlos Monsivais o el artículo “Genocidio”, de Ezra Shabot, que imputa crímenes futuros a niños inocentes por su origen étnico y nacionalidad palestina.
El conflicto no es nuevo, y su origen tampoco es precisamente una valiente y encarnada disputa por la verdad; radica en la costumbre neoliberal de comprar simpatías en medios masivos con recursos públicos. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto despilfarraron 99 mil millones de pesos bajo la etiqueta de comunicación oficial; al primero se le otorgó un pacto de silencio y al segundo le fue construido un relato idílico como reformador visionario. Así lo documenté en el artículo “Dinero público y libertad de expresión”, https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/dinero-publico-y-libertad-de-expresion/1499273
Empero, nada en esta vida es estático e inamovible; como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes 10 de agosto, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) respalda los lineamientos de los derechos de las audiencias, que contemplan la especificación de publicidad en contenidos noticiosos; la distinción de opinión e información; la publicación de un código de ética; el nombramiento de una defensoría de las audiencias y el establecimiento de mecanismos de queja. Un avance democrático alcanzado con base en el diálogo entre gobierno y medios, así como la retroalimentación académica y ciudadana a través de una consulta pública abierta hasta el 21 de agosto en la página: http://portal.crt.gob.mx/consultapublica
*Analista