México lleva dos décadas haciéndose la pregunta equivocada: cuántos capos caídos, cuántas drogas incautadas, cuántos operativos desplegados. La pregunta correcta es otra: ¿quién vende la protección que hace posible todo lo demás?
La respuesta incómoda: la corrupción no es el contexto de nuestra crisis ni su falla ocasional. Es su sistema operativo, un mercado de protección estatal con estructura, historia y capacidad de reproducción.
Décadas de datos lo dibujan. Cuando la protección se vendía desde un solo mostrador, como en antaño, hubo decenas de años de narcotráfico con violencia contenida: 8.15 homicidios por 100 mil habitantes aun en 2007. Cuando la alternancia fragmentó ese monopolio sin desmantelarlo, la protección salió a subasta, y la subasta se pagó con sangre: 23.61 en 2011. La violencia mexicana ha seguido más de cerca la estabilidad del pacto de protección que el volumen del negocio.
¿Y hoy? El homicidio baja y celebramos. Pero la extorsión vive su máximo histórico: 10,508 carpetas en 2025, 75% más que hace una década, y se denuncia una fracción mínima. Esa combinación apunta más a la madurez del control criminal que a su retirada: pactos reestabilizándose sobre un control territorial más profundo. No es paz: es paz tributada.
Las pruebas ya no son únicamente periodísticas: son judiciales. Un exsecretario de Seguridad Pública fue sentenciado a 460 meses de prisión en Nueva York por proteger al cártel que decía combatir. El cofundador del Cártel de Sinaloa admitió bajo juramento que su organización pagó, desde los inicios, sobornos a funcionarios y agentes del orden mexicanos “para poder operar libremente”. El techo del mercado quedó probado: llega al gabinete.
Mientras, el ciudadano paga en la otra ventanilla: el costo de la corrupción ante ministerios públicos y fiscalías se cuadruplicó en dos años. Y, por si fuera poco, el vecino incómodo ya audita el sistema: el Tesoro estadunidense identificó a tres financieras mexicanas como entidades de preocupación principal por lavado ligado a opioides; además, la administración Trump decidió no renovar el T-MEC en su forma actual: sigue vigente, pero bajo revisión anual, con la seguridad amarrada al acceso comercial.
La auditoría llegó hasta la pista de aterrizaje. Hace unos días, el gobierno de México exigió al FBI explicar su posible papel en el traslado de Ismael Zambada en 2024, luego de que una exhibición museográfica en Nuevo México atribuyera aquella operación a la agencia. Más allá de lo que responda Washington, la lección es brutal: cuando un Estado renta su protección por dentro, otros terminan ejerciendo su soberanía por fuera, y después hay que preguntarles qué hicieron en nuestro territorio.
La prescripción se deriva sola: dejar de perseguir síntomas y desmantelar el mercado. Golpear la extorsión territorial y el derecho de piso como prioridad nacional, la firma visible del pacto, blindar la investigación de la captura al más alto nivel y seguir el dinero, no los cadáveres. En Guatemala, remover redes de protección coincidió con una caída sustancial de la violencia: no es prueba definitiva, pero es una señal difícil de ignorar, y no fue gratis.
El pecado original de nuestra inseguridad no está en los túneles ni en las fronteras. Está en cada escritorio donde la protección tiene precio. Un país que no desmantela ese mercado cede dos veces la soberanía: ante quien la compra adentro y ante quien la audita desde afuera. Nombrar el pecado es el primer acto para recuperarla. Pero no basta: hay que señalar al pecador, pero no con el dedo de la tribuna: sino con expedientes que terminen en sentencia. Hasta hoy, esa justicia se imparte en Nueva York. El día que se imparta en nuestro país, este pecado empezará a saldarse.
*Aanalista