Corrupción global: México en su peor rango histórico

Por Juan Carlos Machorro*

Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción, a cargo de Transparencia Internacional (TI), se ha convertido en el referente principal de este fenómeno en el sector público de 180 países.

Éste es dado a conocer anualmente por TI en función de percepciones en materia de corrupción utilizando datos de 13 fuentes externas que incluyen al Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas de consultoría y evaluación de riesgos y grupos de expertos en la materia, entre otros.

El reporte indica que los niveles globales de corrupción siguen siendo extremadamente elevados, y que los esfuerzos por mitigarlos claudican, existiendo niveles graves de corrupción en prácticamente todo el mundo, habiendo obtenido más de dos tercios de los países una puntuación inferior a 50 sobre 100, lo que revela la necesidad urgente de aplicar medidas contra este fenómeno, advirtiéndose un obstáculo global crítico que detiene la puesta en marcha de acciones climáticas efectivas.

El contexto internacional, señala el reporte, presenta fenómenos climáticos extremos, erosión de las democracias y un declive en el liderazgo mundial en materia climática.

Dinamarca obtuvo la puntuación más elevada por séptimo año consecutivo, seguido de Finlandia y Singapur.

Los datos para México son muy preocupantes, al haber descendido al lugar 140; la peor puntuación (26 puntos) en la historia del índice en comento.

La ausencia de medidas efectivas promueve violaciones de derechos humanos e incrementa la influencia de las élites económicas y políticas y el crimen organizado en los asuntos públicos, perpetuando la impunidad y socavando la capacidad de los países para responder al cambio climático, con consecuencias graves para los habitantes de los países del continente.

Los países líderes en la región de las Américas son Uruguay, Canadá y Barbados y los países que obtuvieron puntuaciones más bajas fueron Haití, Nicaragua y Venezuela.

Un punto relevante anotado en el índice este año es el relativo a poderes judiciales débiles y complacientes. En las Américas, la debilidad y la opacidad del Poder Judicial limitan la aplicación efectiva de la ley y el acceso a la justicia.

En el caso de México se encuentra en una trayectoria descendente, ya que cayó cinco puntos en un solo año, destacando que el Poder Judicial no ha tomado medidas en casos de corrupción emblemáticos como Odebrecht y Segalmex, a pesar de las promesas del expresidente López Obrador de combatir la corrupción y devolver activos robados al pueblo.

En una nota relacionada de TI se señaló que en países como Brasil, México y Honduras, la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito por otros Poderes del Estado, mediante procesos opacos y en algunos casos ilegales, socava la independencia del Poder Judicial, fomentándose la injusticia y la aplicación de la ley en función de los intereses del gobierno en turno y de las élites, lo que garantiza la impunidad de los corruptos y obstaculiza la posibilidad de recuperar activos robados.

La llamada reforma judicial tendrá sin duda un impacto negativo en la ya preocupante evaluación de nuestro país hacia el reporte 2025.

La corrupción tiene un impacto negativo significativo en el Estado de derecho, la igualdad ante la ley, la justicia y la transparencia. Disminuye la confianza en las instituciones y el sistema judicial, genera impunidad y beneficia a una élite en detrimento de las mayorías, debilitando a las instituciones, lo que afecta el desarrollo social y económico del país.

Resulta apremiante corregir el rumbo e implementar acciones efectivas, más allá de la narrativa político-electoral para combatir al fenómeno de la corrupción que destruye las estructuras institucionales de las naciones.

En éste, como en otros temas, pensemos más en las próximas generaciones y menos en las próximas elecciones.

                *Analista