Chile y el derecho de vivir en paz

POR Alejandro Guerrero Monroy

Chile ha iniciado el debate histórico para la confección de su nueva Constitución. La primera carta fundamental nacida en democracia —que reemplazará a la aprobada en 1980 durante la dictadura— se encuentra en un desafiante proceso de redacción  por una convención de 155 miembros elegidos en mayo pasado. Por primera vez en una asamblea constituyente, mujeres y hombres se encuentran representados de manera paritaria  —77 y 78, respectivamente—, mientras que 17 escaños están ocupados por las 10 naciones originarias del país andino. Nunca antes los pueblos indígenas tuvieron una presencia tan nutrida y legítima en una gestación constitucional. Elisa Loncón —de origen mapuche— será la encargada de conducir los trabajos mientras que la vicepresidencia de la Asamblea quedó en manos del reconocido abogado constitucionalista Jaime Bassa. Ambos están decididos a que se reconozca la composición plurinacional de Chile. Loncón —doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden— está convencida de que compartir el poder de decisión con los pueblos originarios es una deuda ancestral que debe ser subsanada para renovar la conciliación de la república. 

Los temas que debe definir el órgano constituyente ya están sobre la mesa desde hace algunas semanas. Los derechos sociales garantizados como la salud, educación y seguridad social son una prioridad. Se tiene un amplio consenso por incorporar los de segunda generación, como la impostergable protección al medio ambiente —el país del Cono Sur es uno de los países más vulnerables al cambio climático con evidentes y frecuentes desastres naturales— y la no discriminación. 

La instalación del Constituyente no ha sido del todo tersa. Muy por el contrario, los trabajos iniciaron bajo un contexto de prolongadas protestas en las calles y más aún, los constituyentes argumentan total ausencia del apoyo —logístico y financiero— público  para el adecuado funcionamiento convencional. Por otra parte, como primera medida se aprobó por 105 convencionales  una controvertida declaración que solicita el indulto para los detenidos en las revueltas sociales de 2019 y para presos políticos privados de libertad desde 2001, lo que ha generado rechazo y división al interior de la Asamblea. 

Es necesario que en la discusión sustantiva e instrumentación del documento no se pasen por alto los logros históricos de la economía, que vio cuadruplicado su ingreso per cápita en cuatro décadas posicionándolo como el más alto en América Latina. La reducción de la pobreza también es un referente regional —disminuyó de 45% a 8%— y la esperanza de vida aumentó de 69 a 79 años, por citar sólo algunos considerables avances de la sociedad chilena.

El gran reto supone deliberar en pluralidad y construir la sexta república chilena en paz, de combinar los principios y valores de la democracia con la determinación, reflexión y sensatez que se requieren para construir una nueva constitución, en momentos en que la región vive tensiones crecientes por los ataques al equilibrio de poderes, a la libertad de expresión y  con riesgos crecientes de autoritarismos.

Los convencionales tienen que trabajar a contrarreloj. El plazo para concebir el texto es de un año y no sólo deben resolver temas de contenido. A la fecha no se  tienen reglas para votar, por lo que debe ser consensuado un reglamento en donde se especifiquen temas cruciales para el correcto desarrollo de las sesiones, como el mecanismo de votación, tiempo para la discusión de los asuntos y mociones de orden. Cabe añadir que la legitimidad del documento  depende en gran medida de la participación social, por lo que resulta imprescindible encontrar un mecanismo de diálogo y puertas abiertas a la ciudadanía en todas las etapas.

Dignidad fue la proclama de los movimientos sociales durante 2019 y 2020. Hoy el país andino se encuentra ante una oportunidad histórica de construir una sociedad más cohesionada y justa. En palabras del legendario compositor chileno Víctor Jara “en conciencia y unidad, con respeto y libertad, dignidad y educación, un nuevo pacto social que funde el clamor del derecho de vivir en paz”.

*Politólogo, economista e internacionalista.

Especialista en temas electorales.