En la política mexicana existe una práctica que merece tanta atención como las decisiones mismas: la asombrosa facilidad con la que quienes ejercen el poder dejan de reconocerse como autores de sus actos cuando las consecuencias se vuelven incómodas.
Asumir los aciertos es un trámite grato. Las decisiones exitosas siempre se presentan como el resultado de la visión y la voluntad de quienes las impulsaron. Los errores, en cambio, sufren de una orfandad crónica. De pronto, quienes participaron en su construcción descubren que las circunstancias cambiaron, que las decisiones fueron ajenas, o que la culpa corresponde exclusivamente a quienes hoy ocupan los cargos (o a quienes los antecedieron).
La crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) ofrece una radiografía perfecta de este escapismo.
El problema no se agota en la salida de Guadalupe Taddei ni en las controversias que han marcado su gestión. La discusión de fondo tiene que ver con la responsabilidad política de quienes configuraron el escenario institucional que hoy se desmorona. Y en este rubro, Morena tiene explicaciones pendientes.
Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, fue hábil al deslindar a su organización de la crisis. Sostuvo que no es responsabilidad de Morena, sino de las personas que eventualmente hayan incurrido en actos indebidos. Su precisión jurídica es cierta: las responsabilidades administrativas y penales son estrictamente individuales. Ningún partido debe ser condenado por el simple hecho de que un funcionario afín cometa un acto de corrupción.
Sin embargo, esa exactitud legal no resuelve el debate político. Confundir ambas dimensiones resulta particularmente conveniente para quienes pretenden dar un carpetazo prematuro al asunto. Porque una cosa es determinar quién debe ir a tribunales por irregularidades, y otra muy distinta es exigir explicaciones a quienes promovieron y modificaron las condiciones institucionales que permitieron esas decisiones.
Conviene hacer memoria. Guadalupe Taddei no fue designada de manera directa por Morena; llegó a la presidencia del INE en abril de 2023 mediante insaculación, ante la falta de acuerdos políticos. No obstante, sería miope borrar el enorme respaldo político que recibió desde el oficialismo, comenzando por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y pasando por buena parte de los actores politicos emanados de dicho partido. Ese respaldo no convierte al partido en cómplice de las actuaciones de la funcionaria, pero tampoco puede borrarse de la historia como si nunca hubiera existido.
El argumento cobra todo su peso al observar lo ocurrido en octubre de 2024. Con el respaldo de su mayoría legislativa, el oficialismo modificó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para otorgarle a la presidencia del INE la facultad de designar directamente a los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas. No fue un ajuste cosmético. Significó arrebatarle atribuciones al Consejo General para concentrarlas en una sola persona, quebrando la colegialidad y los contrapesos internos del Instituto.
Hoy, ante la pregunta de si estarían dispuestos a revertir esa concentración de poder, Montiel patea el balón a la Cámara de Diputados, argumentando que a ellos corresponde deliberar. Es una respuesta reveladora: el partido que impuso ese diseño institucional ahora esconde la discusión detrás del poder legislativo, donde precisamente posee una fuerza determinante. Remitir una pregunta a la instancia correspondiente no borra la responsabilidad política de haber creado el problema en primer lugar.
Este es el punto ciego que no debemos ignorar: Morena no tiene que asumir como propias las eventuales conductas ilícitas de ningún funcionario. Lo que sí debe asumir es la responsabilidad política por las reglas que modificó, por la concentración de poder que impulsó y por los argumentos con los que justificó dichos cambios.
Si ayer defendieron esa reforma como una medida necesaria, hoy les corresponde explicar si mantienen la confianza en ese modelo. Si sus consecuencias han fracasado, deben discutir su corrección. Y si consideran que no hay nada que cambiar, tienen la obligación democrática de explicar por qué. La rendición de cuentas no puede operar bajo una lógica selectiva: un arma severa para castigar a los adversarios y una "intromisión" cuando cuestiona las decisiones propias.
En una democracia, la responsabilidad política alcanza a quienes diseñan las reglas y construyen las mayorías. El caso del INE debería obligarnos a revisar la facilidad con la que los arquitectos de las reformas públicas se lavan las manos cuando la obra resulta defectuosa. Transformar las instituciones exige hacerse cargo de lo que ocurre después de transformarlas; no basta con cobrar los dividendos de las victorias legislativas y desconocer la factura cuando aparecen los costos.
Quienes presumen de encarnar una transformación profunda deberían entender que la rendición de cuentas no es una concesión graciosa, sino una obligación que empieza por casa. En México sobran políticos dispuestos a explicar por qué los errores siempre son culpa de alguien más; lo que sigue siendo una urgencia es construir una cultura donde asumir las consecuencias de las propias decisiones sea la condición mínima e indispensable para ejercer el poder.