Una llave de agua debería ser una de las expresiones más elementales de la confianza entre una persona y el Estado. Abrirla y esperar que el líquido sea limpio, seguro y suficiente no tendría que convertirse en una preocupación cotidiana. Mucho menos debería ocurrir que quienes salen a reclamar ese derecho terminen enfrentándose a la policía. Sin embargo, eso ocurrió en Guadalajara el pasado 11 de octubre, cuando una protesta por la calidad del agua derivó en detenciones, denuncias de abusos y una crisis política que hoy compromete al gobierno de Jalisco.
La movilización tuvo un motivo concreto: los reportes de agua turbia, malos olores y sedimentos en distintas zonas del área metropolitana pusieron sobre la mesa una pregunta ineludible: ¿qué ocurre cuando un servicio indispensable no ofrece las condiciones que la población tiene derecho a exigir? El problema no se limita a la infraestructura; compromete la salud pública, la capacidad de respuesta de las autoridades y, sobre todo, la confianza ciudadana en sus instituciones.
La respuesta policial agravó el conflicto. Durante la manifestación frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, se utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión. El operativo dejó 39 personas detenidas y decenas de lesionados, entre manifestantes y policías. Mientras el gobierno estatal atribuyó inicialmente los disturbios a un supuesto «grupo de choque», manifestantes y familiares denunciaron detenciones arbitrarias y malos tratos. La actuación de los agentes quedó bajo escrutinio público y abrió una discusión sobre los límites del uso de la fuerza.
Ante la presión social, Lemus reconoció errores en el operativo y anunció una investigación sobre la actuación policial. Al 15 de octubre, las autoridades habían identificado a 17 policías por presuntamente actuar fuera de los protocolos y los habían citado a declarar ante asuntos internos. El procedimiento es necesario, pero apenas representa el inicio del esclarecimiento de los hechos: una comparecencia no equivale a una sanción ni garantiza justicia. La gravedad del caso también motivó la intervención de instituciones nacionales e internacionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo la investigación sobre posibles violaciones, mientras la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió esclarecer el uso de la fuerza.
No son intervenciones menores. Cuando los organismos de derechos humanos exigen esclarecer la actuación de las autoridades, el asunto deja de ser un problema de control de multitudes para convertirse en una prueba de legalidad y rendición de cuentas. Aquí surge una interrogante que trasciende a Jalisco: ¿qué sucede cuando una ciudadanía que exige el cumplimiento de un derecho termina teniendo que defenderse de las mismas instituciones que deberían garantizarlo?
El derecho a la protesta no desaparece cuando durante una manifestación se producen actos violentos. Preservar el orden público es responsabilidad del Estado, pero también lo es garantizar que la fuerza pública opere dentro de los límites de la ley, proteja a las personas y recurra a la fuerza únicamente cuando sea necesario y de manera proporcional. Cada conducta debe investigarse individualmente, con pruebas y apego al debido proceso. La obligación de las autoridades no consiste en elegir entre tolerar la violencia o reprimir una protesta, sino en hacer cumplir la ley sin vulnerar derechos.
Hay, además, una contradicción política que merece señalarse. Movimiento Ciudadano, el partido del gobernador Lemus, afirma trabajar por un México donde todas las personas tengan cabida, se cuide el medio ambiente y podamos vivir de manera segura y libre. Bajo la bandera de la «Evolución Mexicana», promete avanzar hacia ese futuro. Pero los principios partidistas también deben evaluarse a la luz del ejercicio del poder. ¿Cómo se concilia la promesa de una sociedad libre con un operativo policial que terminó en detenciones, denuncias de abusos y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza contra quienes protestaban por la calidad del agua? No basta con invocar la libertad en el discurso partidista: hay que garantizarla cuando su ejercicio incomoda al gobierno.
Reducir el conflicto a los excesos policiales, no obstante, sería insuficiente. La crisis comenzó mucho antes del operativo y no terminará con las investigaciones. El problema de fondo es estructural, como lo demuestra la polémica en torno al acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. La obra tiene un costo de inversión estimado de 11 mil 922 millones de pesos y se propone bajo un esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación con participación privada y pagos estatales durante un plazo de hasta 25 años. Sin embargo, el costo de la inversión inicial no debe confundirse con el monto total de los compromisos financieros que podría generar el contrato. Esta diferencia es parte central de la controversia que ha abierto el proyecto, tanto por su costo acumulado como por sus implicaciones presupuestales.
La discusión también ha provocado diferencias entre el gobierno de Jalisco y la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha expresado reservas sobre el financiamiento privado y ha planteado explorar alternativas con recursos públicos. La participación privada en una obra de infraestructura no significa automáticamente que el servicio se privatice. Sin embargo, tampoco basta con que el gobernador asegure que no habrá privatización, deuda pública ni aumentos tarifarios. El modelo contractual, sus costos, los compromisos presupuestales y los mecanismos de supervisión deben ser transparentes. Una obra de esta magnitud debe evaluarse por su capacidad real para mejorar la calidad y disponibilidad del agua, no solamente por la inversión anunciada. Y mientras esa infraestructura se construye, las autoridades deben explicar qué medidas inmediatas adoptarán para que la población reciba agua en condiciones adecuadas.
El agua no admite respuestas retóricas ni promesas que pospongan indefinidamente los resultados. Exige capacidad técnica, mantenimiento, información verificable y responsabilidades delimitadas. Pablo Lemus enfrenta, por ello, dos pruebas inseparables: garantizar que se esclarezca el operativo del 11 de octubre, se determinen las responsabilidades y se repare el daño cuando corresponda; y ofrecer una solución hídrica verificable que no dependa de la presión de las marchas para avanzar.
Lo ocurrido en Guadalajara deja una lección de alcance nacional. Gobernar no consiste únicamente en inaugurar obras o administrar presupuestos. Significa reconocer los límites del poder, rendir cuentas cuando las decisiones fallan y asegurar que los derechos fundamentales no dependan de la capacidad de una persona para hacerse escuchar.
La verdadera prueba de las instituciones no es que las calles permanezcan en silencio, sino que la ciudadanía pueda alzar la voz sin temor y exigir soluciones sin poner en riesgo sus derechos. Cuando el agua no llega en condiciones adecuadas y quienes reclaman una respuesta terminan denunciando abusos, la crisis deja de ser solamente hidráulica. Lo que queda en entredicho es la capacidad del Estado para cumplir su obligación más elemental: garantizar derechos y responder ante la sociedad.