Por Allegra Baiocchi*, Silvia Morimoto** y Anders Thomsen***
Cada 12 de agosto, Día Internacional de las Juventudes, nos invita a reconocer la creatividad, diversidad e impacto de las personas jóvenes en nuestras sociedades. Este 2026, bajo el tema “Contextos diferentes, aspiraciones comunes”, la fecha nos exige plantearnos una pregunta esencial: ¿cuentan realmente todas las personas jóvenes con las condiciones necesarias para decidir el rumbo de su propia vida? Hablar de autonomía no significa únicamente tener un empleo o dejar el hogar familiar.
Desde el enfoque de desarrollo humano, el desarrollo se expresa en las posibilidades reales que tienen las personas para decidir y construir la vida que valoran. Implica tomar decisiones libres sobre la educación, el trabajo, la salud, la vida reproductiva, la vivienda y la participación en la comunidad; requiere, en suma, contar con las herramientas y las oportunidades necesarias para construir un proyecto de vida propio.
En México, esas posibilidades se siguen distribuyendo de manera desigual. El Informe de Desarrollo Humano de las Juventudes (IDH-J) en México, elaborado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), muestra que las condiciones de vida de más de 40 millones de personas de entre 12 y 29 años están profundamente determinadas por su origen territorial, género y contexto socioeconómico.
El IDH-J analiza particularmente la situación de las 32 entidades territoriales del país e ilustra las brechas existentes a partir de las condiciones de salud, educación e ingreso. Por ejemplo, mientras la informalidad laboral juvenil es menor a 36% en Nuevo León y Coahuila, en Guerrero y Oaxaca supera 85 por ciento. A ello se suma la diferencia cercana a dos años de escolaridad promedio entre las entidades con mayores y menores resultados. Estas brechas estadísticas son, en realidad, diferencias en los márgenes de libertad de las personas jóvenes.
Un empleo informal y sin protección social puede obligarlas a postergar sus estudios, perpetúa las relaciones de dependencia económica y puede llegar a exigirles renunciar a sus planes personales. Por ello, mejorar la inserción laboral no sólo implica sumar contrataciones, sino abrir trayectorias que permitan aprender, crecer, además, contar con protección y sostener un proyecto de vida. Las barreras no terminan en el trabajo.
La vivienda también importa. Los costos de la vivienda impiden a las juventudes residir cerca de centros educativos o laborales; las responsabilidades de cuidados no remunerados restringen de manera desproporcionada las decisiones de las mujeres jóvenes; y la violencia limita la movilidad, la participación y erosiona hasta la posibilidad de imaginar el futuro. La autonomía exige una infraestructura social e institucional robusta: empleos dignos, ingresos suficientes, protección social, vivienda asequible, sistemas de cuidados, servicios de salud integrales y entornos seguros. Invertir en estas condiciones permite que las juventudes desplieguen su potencial y contribuyan plenamente al desarrollo del país.
En este camino hacia la autonomía, destacan acciones recientes de política pública en México que buscan materializar dicha infraestructura mediante intervenciones directas y tangibles. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro rompen la barrera del “primer empleo” al garantizar capacitación, ingresos y acceso a la seguridad social, mientras que los aumentos sostenidos al salario mínimo y las iniciativas comunitarias como Jóvenes Unen al Barrio otorgan alternativas reales de subsistencia y paz. Estos esfuerzos representan un piso mínimo de independencia económica y protección para que millones de jóvenes tengan las oportunidades para construir y alcanzar su proyecto de vida.
Esta visión es consistente con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México 2026–2031, que orienta la acción conjunta entre el gobierno de México y el Sistema de las Naciones Unidas, colocando a las personas y sus derechos en el centro. Desde sus mandatos complementarios, todas las agencias del Sistema de las Naciones Unidas contribuimos a ese propósito: seguir acompañando los esfuerzos nacionales para seguir fortaleciendo las iniciativas centradas en las juventudes. Por ejemplo, el PNUD trabaja para reducir la pobreza y las desigualdades, ampliar las capacidades de las personas y fortalecer políticas e instituciones mediante evidencia y soluciones con enfoque territorial.
Por su parte, el UNFPA impulsa estrategias concretas y multisectoriales que ponen en el centro a las adolescencias y las juventudes, contribuye a garantizar que cada joven pueda ejercer sus derechos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y liderar el cambio en sus comunidades.
Estas mediciones no son sólo diagnóstico; son una hoja de ruta para gobernar con enfoque de autonomía. Permiten identificar barreras, orientar recursos, coordinar las políticas de educación, empleo, salud, vivienda y cuidados, y establecer metas que puedan evaluarse. En este proceso, las juventudes no deben ser sólo un objeto de política pública, sino las protagonistas en el diseño, seguimiento y evaluación de las decisiones que afectan sus vidas. En última instancia, se trata de ver a las personas jóvenes no como una promesa de futuro que permite postergar soluciones, sino como un presente que exige justicia, igualdad y desarrollo hoy mismo.
*Coordinadora Residente de la ONU en México
**Representante del PNUD en México
***Representante de UNFPA en México