La política educativa después del PRI

Hace unos días se conmemoró el Día del Maestro, y pocos días antes los mexicanos nos enteramos que, durante 2017, la Secretaría de Educación Pública gastó mil 963 millones de pesos en publicidad, dos mil 700% más de lo autorizado en el Presupuesto. No olvidamos que ese año el titular de la Secretaría era uno de los aspirantes a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

Aunque las prácticas de derroche y sobre-ejercicios de recursos en publicidad gubernamental han sido conocidas y recurrentes durante la presente administración federal, no podemos dar paso a su normalización o banalización.

El gasto en publicidad, como ya lo he señalado en este espacio, es una fuente de derroche de recursos públicos que debe ser acotada y regulada, y es, en muchas ocasiones, una herramienta de control político que debe ser erradicada de la vida pública. La malograda Ley de publicidad gubernamental (#LeyChayote), aprobada en el Congreso de la Unión, no contribuye a ello, y será tarea de la próxima Legislatura emprender un verdadero proceso de revisión y confección de un andamiaje jurídico adecuado para regular, transparentar y acotar el gasto en publicidad.

Pero la próxima Legislatura también tendrá entre sus responsabilidades la revisión de la política educativa, porque persisten dos preguntas cruciales en la materia: ¿cómo combatimos la desigualdad a partir de la política educativa? y ¿cómo avanzamos hacia un modelo donde efectivamente se garantice el acceso a la educación en todos los niveles?

Respecto de la primera pregunta, el paso fundamental es reconocer que el problema de la educación no son los maestros, como se hizo creer durante el presente sexenio, sino que el problema central es la desigualdad: una serie de condiciones y vulnerabilidades que viven día con día los niños, niñas, jóvenes y los mismos maestros.

La apuesta de la política educativa debe ser utilizar los instrumentos a su disposición para articular programas de atención focalizados y centrados en los alumnos y las comunidades más marginadas del país. En lugar de gastar miles de millones de pesos en publicidad, la SEP podría diseñar un sistema de monitoreo y seguimiento permanente para conocer y atender las necesidades de todas las escuelas del país y de sus alumnos, y gestionar las políticas y programas pertinentes para mejorar la calidad de vida de las mismas.

Sobre la segunda pregunta, comencemos a discutir alternativas. Una idea que hemos puesto sobre la mesa es la de deducir 100% del ISR en el pago de colegiaturas de todos los niveles educativos. Si bien esto tendría un impacto presupuestal, también impactaría positivamente en la ampliación de la cobertura educativa, particularmente en los niveles medio superior y superior, donde se abrirían nuevas y plausibles oportunidades para los jóvenes. Igualmente, en los niveles básicos habría un impacto positivo, ya que por cada alumno que migre a la educación privada se abrirá un nuevo espacio en la educación pública, una oportunidad real para un niño que hoy está fuera del sistema educativo.

Es posible comenzar a discutir nuevos horizontes de la política educativa que nos permitan combatir la desigualdad y garantizar el acceso a la educación, pero el primer paso es acabar con la política del absurdo, del derroche y de la discrecionalidad que tiene secuestrada la educación en México.

                *Candidato al Senado de la República

                por Movimiento Ciudadano en Jalisco.