Defender a Jalisco

En cada proceso electoral se habla de distintas acciones para cambiar el rumbo de nuestras instituciones y lograr cambios políticos sustantivos. Sin embargo, pocas veces se habla de replantear la relación entre la Federación y las entidades federativas, de construir nuevos mecanismos de diálogo donde las entidades federativas puedan reconocerse como los conductores de su propio destino y no como sujetos al arbitrio de las políticas públicas que se diseñan desde las dependencias del gobierno federal.

Para quienes hemos hecho un llamado a refundar Jalisco, el proyecto de replantear nuestra relación con la Federación resulta fundamental, en primer lugar, porque queremos que Jalisco tome en sus manos la construcción de su futuro, y en segundo lugar, porque hay una serie de políticas nacionales que afectan directamente los intereses y la integridad de Jalisco, y que nadie está señalando en los espacios donde se toman decisiones.

Un ejemplo notable es el de las mineras. En Jalisco, el 20% del territorio, que es equivalente a la extensión de Querétaro, está concesionado a las mineras, y aunque no todas se encuentran activas debido a prácticas de especulación, lo cierto es que estas actividades generan un daño al medio ambiente y en ocasiones, ciclos de desplazamiento forzado; peor aún, hay concesiones mineras autorizadas dentro de Áreas Naturales Protegidas de Jalisco, como la Sierra de Quila o la Sierra de Manantlán.

Frente a esta política nacional, las entidades federativas tienen algo que decir, tienen derechos y exigencias que defender, porque está claro que el gobierno federal ha emprendido una política discrecional y opaca en el manejo de las concesiones mineras. Una evidencia elocuente de lo anterior es la administración del Fondo Minero en manos de la Sedatu. Mientras que a municipios de Jalisco se compensó con 13 millones de pesos en 2016 mediante este Fondo, a municipios del Estado de México, con mucha menor superficie minera, se les compensó con más de 50 millones de pesos.

Este patrón de discrecionalidad y atropellos desde la Federación contra la integridad de las entidades federativas se reproduce en otras esferas como las concesiones de playas, las concesiones carreteras, las concesiones aeroportuarias o del manejo del agua.  

Estoy convencido que el Senado de la República tiene un papel trascendental que jugar en el replanteamiento de la relación entre las entidades federativas y la Federación. Los representantes políticos de las entidades, los senadores, deben asumir el compromiso de defender la dignidad, la integridad y los derechos de sus estados.

Este proceso electoral, sin lugar a dudas, implicará una serie de transformaciones en el acomodo de nuestro sistema político. Uno de esos grandes cambios debe ser el de construir una nueva relación entre los estados y la Federación, y la gran responsabilidad y oportunidad de hacerlo recaerá en quienes resulten electos para ocupar un lugar en el Senado. 

                *Candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano en Jalisco.