Derecho a la verdad y disculpa pública

México se encuentra inmerso en una grave crisis de derechos humanos que ha dejado miles de víctimas. Esta crisis no ha sido reconocida por el gobierno federal, pero lo cierto es que ha lastimado profundamente a los mexicanos y alcanza proporciones históricas.

La respuesta a esta crisis debe ser de la misma magnitud, y desde Movimiento Ciudadano hemos propuesto dos acciones que buscan contribuir a construir esa respuesta que exigen los mexicanos.

En primer lugar, planteamos la necesidad de que el Presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, emita una disculpa pública al pueblo de México por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los últimos años, por dar continuidad a una estrategia de seguridad fallida, por no tener el valor de reconocer y corregir el rumbo.

El Presidente no se puede ir sin pedir perdón a los mexicanos. Debe ofrecer una disculpa pública por las violaciones que se le atribuyen a su administración, pero también debe ofrecerla a nombre del Estado, con independencia del momento o autores de las mismas. Se trata de una medida de restitución, prevista en la misma Ley General de Víctimas, que además reflejaría el reconocimiento del Estado mexicano de esta crisis, y contribuiría a transitar hacia un proceso de reconciliación y no repetición de hechos victimizantes.

En segundo lugar, proponemos crear una Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos en México durante la última década, plenamente  ciudadanizada y enfocada a emprender un ejercicio integral de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Las comisiones de la verdad son instrumentos de justicia transicional, ideados para dejar atrás una etapa que hirió a una sociedad, pero poniendo absoluta atención en la reparación del daño, en el derecho a la verdad y en el acceso a la justicia como requisitos indispensables para dicha transición. Así pues, quien quiera que sea el próximo Presidente de México, sin importar su filiación partidista, estará obligado a realizar un ejercicio de esta naturaleza. El país no aguanta más tiempo inmerso en este ciclo de violencia e indiferencia, e independientemente de quien gane la próxima elección presidencial, no puede ni podrá haber una apuesta a la desmemoria o la impunidad en torno a esta crisis de derechos humanos.

Estas propuestas deben ser entendidas como un primer eslabón para un cambio del régimen político, en el que transitemos de la opacidad y violencia del Estado en esta materia hacia una etapa de reconciliación con la sociedad, de acceso a la justicia y de restitución de las víctimas.

Ni la continuación de la guerra iniciada hace una década, como pretenden unos, ni una apuesta al olvido, como pretenden otros, son opciones aceptables si queremos reconstruir a México sobre la base de la paz y la dignidad de las víctimas. Al contrario, la restauración de la confianza entre ciudadanos y autoridades pasa, necesariamente, por garantizar el derecho a la verdad y el derecho a la justicia.

Acabar con este ciclo de violaciones a los derechos humanos requiere que el Estado ponga en manos de los ciudadanos la etapa de reconciliación y acceso a la justicia que demanda el país. Se trata de diseñar un proceso de acceso a la verdad que nos permita dejar atrás, con dignidad y justicia, una década de sangre y violaciones a los derechos humanos.

                *Coordinador del Grupo Parlamentario

                de Movimiento Ciudadano.