Seguridad Interior. ¿Cuál es la prisa?

La semana pasada, mediante un albazo y una agilidad inusual en la Cámara de Diputados, la mayoría del PRI aprobó la Ley de Seguridad Interior, que ha sido cuestionada no sólo por fuerzas políticas de oposición, sino también por la CNDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expertos y diversos colectivos de la sociedad civil. En la historia de la democracia mexicana, quizá, no se había observado una resistencia tal a una legislación discutida en el Congreso de la Unión.

Los argumentos en contra de esta ley son múltiples y contundentes. El Alto Comisionado los ha sintetizado: la ambigüedad de los conceptos, el papel indebido otorgado a las Fuerzas Armadas, el sometimiento de la autoridad civil al militar, la ausencia de controles al Poder Ejecutivo, la falta de políticas de fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, la indebida regulación del uso de la fuerza, la falta de protección de los derechos humanos y la ausencia de transparencia.

A pesar de la amplitud de las voces y del tamaño de los argumentos, en menos de 24 horas se desechó la propuesta de mando mixto y cualquier otra para fortalecer a las policías, se aprobó en comisiones la Ley de Seguridad Interior, se turnó al Pleno de la Cámara de Diputados en fast track, se desecharon mociones suspensivas para postergar su discusión y se aprobó el dictamen.

Vale señalar que la Junta de Coordinación Política aprobó modificar el orden del día con el voto del PRI, sus aliados y, extrañamente, Morena. ¿No previeron que avalar este cambio significaba que el PRI impondría su mayoría?

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano fue consistente y votó en contra en todas las etapas del proceso legislativo. En un tema de esta magnitud no hay lugar para simulaciones.

Las preguntas son: ¿Cuál es la prisa por aprobar una ley deficiente?, ¿a quién beneficia y a quién sirve esta prisa?, ¿el objetivo es ganar la simpatía de las Fuerzas Armadas en el próximo proceso electoral? y ¿por qué la insistencia (y la prisa) de otorgar al Presidente la facultad de usar a las Fuerzas Armadas de manera discrecional?

Cualesquiera que sean las respuestas, entre los afectados por esta ley se encontrarán las propias Fuerzas Armadas, ya que si bien se norma su intervención en materia de seguridad, no se precisa un calendario para su regreso a los cuarteles, de modo que se les seguirá exponiendo a situaciones complicadas y desgastantes que no deberían estar atendiendo.

Esta ley afectará también a las instituciones civiles de seguridad, a las policías de los tres órdenes de gobierno y al sistema de procuración de justicia, dado que no genera incentivos ni mecanismos para su necesario y ya impostergable fortalecimiento.

La solución no es convertir una política pública fallida en una ley, como lo está haciendo el PRI; pero tampoco pasa por ocurrencias como la amnistía al crimen organizado. La primera se olvida de tener policías más eficaces y coordinadas, la segunda se olvida de la impunidad y la dignidad de las víctimas. No observar el problema de la inseguridad de manera integral lleva a estos planteamientos parciales.

Se ve complicado revertirla. Ojalá que el Senado escuche al Instituto Belisario Domínguez, que señaló las deficiencias de esta ley, y entienda la responsabilidad que tiene en sus manos, la responsabilidad de detener la ley más rechazada, controversial y regresiva de la historia reciente de México.

                *Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.